Las autoridades suizas han remitido a la justicia española parte de la investigación que mantienen abierta desde hace años sobre el presunto blanqueo de capitales y cobro de comisiones irregulares en relación con la adjudicación del AVE a La Meca a empresas españolas que afectaría al rey emérito. En concreto, la Fiscalía de Suiza ha enviado las declaraciones de Corinna y del gestor del rey Juan Carlos I a la Fiscalía Anticorrupción y esta lo ha pasado al Tribunal Supremo.

Ahora, será el jefe de Delitos Económicos del Supremo, Juan Ignacio Campos, quien se hará cargo de la investigación, ya que fue designado a principios de junio para dirigir las pesquisas abiertas en el otoño de 2018 por Anticorrupción, pues sería el alto tribunal el competente para investigar al Rey emérito si se apreciaran indicios y el caso terminara judicializándose. En todo caso, lo que se investigan son posibles conductas cometidas después de la abdicación de Juan Carlos I, en junio de 2014, relacionadas con el movimiento del dinero y que podrían constituir delitos de blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública.

Las finanzas del rey emérito llevan años bajo sospecha, si bien a mediados del pasado mes de marzo, apenas decretado el estado de alarma por pandemia de Covid-19, este asunto volvió a primera línea informativa tras diversas informaciones publicadas en la prensa suiza y británica, provocando que la Casa Real anunciara que Felipe VI renuncia a la herencia que podría percibir de su padre y suspendiendo su asignación anual.

Corinna, una pieza clave

Según ha publicado El País, en el marco de la investigación suiza, Corinna Larsen reconoció en su declaración ante el fiscal Yves Bertossa, en diciembre de 2018, que Juan Carlos le transfirió 64,8 millones de euros en 2012 "no para deshacerse del dinero", sino "por gratitud y por amor", para garantizar "su futuro y el de sus hijos". Y añadió que también era porque "tenía la esperanza" de recuperarla. En esa comparecencia, Corinna Larsen afirmó que "en ningún momento" el Rey emérito "dijo que quisiera deshacerse de ese dinero" y que ella no sabía si él había declarado los fondos a la Hacienda Pública española.

Sobre el origen del dinero, la empresaria explicó al fiscal que no preguntó en ese momento, pero que más adelante, en conversación con el banco suizo Gonet o con el abogado Dante Canónica, le explicaron que procedía de una donación del rey Abdalá de Arabia Saudí en favor de Juan Carlos. Según la empresaria, no supo la razón de la donación, pero aseguró a Bertossa que se trata de una práctica corriente entre reyes, concretamente en Oriente Próximo.

La examiga de Juan Carlos I compareció como investigada en esta causa abierta en Suiza a raíz del registro del despacho del gestor de fondos Arturo Fasana y del abogado Dante Canónica que reveló una cuenta en la banca Mirabaud a nombre de la fundación panameña Lucum, de la que el Rey emérito es beneficiario.

Reunión en la Zarzuela

Entre la documentación, también hay la declaración ante el fiscal suizo del abogado también suizo Dante Canónica, que aseguró que el rey emérito le pidió a él y al gestor de fortunas Arturo Fasana, en una reunión en la Zarzuela, que crearan una estructura con el fin de ocultar "una importante donación" que iba a recibir del rey saudí. De esta manera, según adelanta El Español, se gestó lo que sería la Fundación Lucum, a través de la cual el monarca ocultó al fisco español los 100 millones de dólares.

El abogado Dante Canónica declaró ante el fiscal suizo Yves Bertossa que conoció a Juan Carlos I a finales del año 2007 o principios del 2008. Mantuvo una reunión en el palacio de la Zarzuela junto con Fasana, durante la cual el monarca les explicó que recibiría una donación del rey de Arabia Saudí y quería saber si había la posibilidad de crear una estructura para recibir la donación. El letrado declaró ante el fiscal que en todo momento se quería hacer de forma transparente, hecho que no comparte el representante del ministerio público, ya que el presidente y el secretario de la Fundación Lucrum son precisamente Fasana y Canónica, y el nombre del rey emérito solo sale en un formulario depositado en el banco Mirabaud.