Desde el entorno de la vicepresidenta del Gobierno español y ministra de la Presidencia, Soraya Sáenz de Santamaría, se justificó en su día que el Real Decreto de cese del expresident de la Generalitat Artur Mas no incluyese la habitual fórmula de agradecimiento a los "servicios prestados" porque "no hay nada que agradecerle". En cambio, la número dos en funciones del Ejecutivo ha firmado el Real Decreto de cese de su hasta ahora número tres, Federico Ramos de Armas, "a petición propia", con agradecimiento a los "servicios prestados", y pese a que la dimisión del alto cargo se ha producido a consecuencia de su presunta vinculación con el caso Acuamed.
El cese de Ramos de Armas como subsecretario de la Presidencia a propuesta de Sáenz de Santamaría, se publicó en el BOE del 22 de enero pasado, e incluye la habitual fórmula de agradecimiento a los "servicios prestados". Una fórmula empleada también en el caso de todos los presidentes de la Generalitat de Catalunya desde 1980, y que, como avanzó El Nacional, se suprimió expresamente en el Real Decreto de cese de Artur Mas, firmado por el rey Felipe VI y el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy. El gesto, sin precedentes, expresa el nivel de tensión política e institucional entre el Estado, el Gobierno, y la Generalitat a raíz del proceso político catalán.
El hasta ahora número dos de Santamaría está presuntamente implicado en el caso del fraude de las certificaciones de obras en la empresa pública Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed). Hasta el momento han sido detenidas 13 personas en la llamada operación Frontino, de la que se encarga la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Las actuaciones, dirigidas por el juez Eloy Velasco, se centran en la presunta adjudicación fraudulenta de contratos públicos inflados para obras hídricas y medioambientales entre 2007 y 2014, entre otras supuestas irregularidades.
Ramos de Armas accedió a Presidencia el 19 de junio del 2015, cargo al que llegó desde el Ministerio de Agricultura, donde ocupaba la secretaría de estado de Medio Ambiente desde diciembre del 2011. Precisamente, su paso por ese puesto es el que le relaciona con el caso Acuamed y algunos de los contratos presuntamente fraudulentos que se realizaron. El ex alto cargo habría asistido a una reunión en la que se acordó un pago de 40 millones de euros a una constructora.