Las entidades Sociedad Civil Catalana y Abogados Catalanes por la Constitución han presentado un escrito en el Tribunal de Cuentas donde denuncian al presidente Carles Puigdemont, el vicepresidente Oriol Junqueras y los 12 consellers de su gobierno por la organización del referéndum del 1-O.
Los señalan como responsables de un gasto de casi dos millones de euros (que según afirman podrían llegar a ser 80 millones) del erario público para hacer efectivo el referéndum.
Es una estrategia calcada en la que siguieron para conseguir la condena en Artur Mas, Joana Ortgega y Irene Rigau por la organización del 9-N, que tienen que pagar cerca de 5 millones de euros, de su bolsillo o con sus bienes.