Estupefacción de los partidos soberanistas ante el último movimiento del gobierno español para detener el referéndum. A partir de ahora, según ha anunciado el portavoz español Iñigo Méndez de Vigo, los diferentes departamentos del Govern tendrán que justificar semanalmente sus gastos por así poder controlar que Govern no gaste ni euro en el referéndum.

La noticia ha provocado la reacción de varios políticos y representantes de la sociedad civil soberanistas, que han criticado duramente la postura adoptada por la administración española.

Así lo ha hecho la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, que ha ironizado sobre si el gobierno español "está haciendo campaña por el sí", después de la decisión de este viernes, y también de la visita de la Guardia Civil a la Generalitat y al Parlament, y de la apertura del procedimiento para reclamar los 5 millones que constó el 9-N por parte del Tribunal de Cuentas.

El portavoz del PDeCAT en el Congreso, Carles Campuzano, ha calificado el hecho de vincular el FLA con el referéndum como un acto de "sectarismo y desleal con todos los catalanes sin distinción de ideologías".

También la diputada de la CUP Eulàlia Reguant se ha referido al tema y ha asegurado que es "un ejemplo de cómo la deuda condiciona las políticas". "El Estado profundiza la intervención económica", ha concluido.

"No aceptaremos ningún chantaje a la democracia", ha afirmado Jordi Cuixart, presidente de Òmnium Cultural.

Reacción de CatComú

Como respuesta a la decisión del Gobierno de Rajoy, miembros de CatComú han mostrado su rechazo a que se "ataquen los derechos nacionales de los catalanes a través del FLA", afirmando que la medida representa "un ataque directo y grave al autogobierno de Ctalunya".

Además, las mismas fuentes han considerado que "hace falta echar al PP y realizar un referéndum en condiciones en Catalunya".

Así mismo, En Comú Podem ha pedido a Montoro que "dé explicaciones" en el Congreso para explicar el aviso a Cataluña sobre el FLA.