Después de que la Audiencia de Barcelona comunicara que el juicio contra los cinco síndicos electorales del 1-O se tendrá que repetir cómo pide la fiscalía, las reacciones dentro y fuera de la política se han ido sucediendo. Entre ellas la de algunos de los afectados. De los cinco síndicos electorales se han pronunciado tres por las redes: el catedrático de Ciencia Política de la Universidad de Barcelona (UB) Jordi Matas, que presidió la sindicatura; la profesora de Ciencia Política en la Universidad Pompeu Fabra (UPF) y actual consellera de Igualdad y Feminismos, Tània Verge y el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y diputado al Congreso por Junts Josep Pagès.
La consellera Verge ha remarcado la excepcionalidad de la resolución de la Audiencia de Barcelona: "Una resolución insólita, por excepcional, como también lo fue la querella presentada por la fiscalía en septiembre de 2017". Sin embargo, Verge acaba su mensaje remarcando: "Nos seguiremos defendiendo ante la represión política".
Siguiendo la misma línea que Verge, Matas tilda de insólita la decisión del tribunal. "No les ha gustado la sentencia absolutoria, pero no nos harán cambiar", afirma en un tuit y añade: "Seguiremos defendiendo la libertad académica y los derechos fundamentales". Más breve ha estado Pagés, quién ha compartido una foto donde salen los síndicos acompañada del mensaje: "Plantaremos cara a la injusticia. Gracias estar siempre a nuestro lado".
Un nuevo juicio
En abril del 2021 el juzgado de lo penal número 11 de Barcelona absolvió a los cinco síndicos, ya que no se veía probado que los síndicos dieran ninguna instrucción u orden ni que se volvieran a reunir después de las providencias dictadas por el Tribunal Constitucional. De manera que los dos años y nueve meses de prisión que se los pedía por supuesta desobediencia y usurpación de fondos públicos quedaron en nada.
Ahora, sin embargo, la fiscalía ha conseguido reabrir un proceso que se daba por cerrado. El ministerio público cree que se produjo un error en la apreciación de las pruebas, especialmente en las documentales. También aprecia contradicción entre los hechos declarados probados y la decisión final. La fiscal insistió en que firmaron resoluciones y dieron órdenes, a pesar de saber que el TC había suspendido las leyes aprobadas por el Parlamento que creaban este figura. Actualmente, Campesino y Verge son aforados en el Tribunal Supremo y en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, respectivamente, cosa que podría llevar el nuevo juicio al alto tribunal español o dividirla en tres: en el Supremo, en el TSJC y en el juzgado de lo penal.