El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha pedido que no se haga un uso "partidista" del caso del instituto El Palau de Sant Andreu de la Barca después de que la fiscalía denunciara a un grupo de docentes por un delito de odio por señalar a alumnos hijos de guardias civiles al día siguiente del 1-O.
Ribó recuerda que el Departament d'Ensenyament tiene "regulado" un procedimiento para que se puedan investigar posibles quejas o denuncias del alumnado y las familias y considera que tramitar este caso por la vía penal es una medida "desorbitada e inadecuada". "Estas acusaciones parecen tener una finalidad intimidatoria y disuasiva del ejercicio de la libertad de expresión y de cátedra, lo cual resulta preocupante", afirma Ribó, que también reclama la presunción de inocencia hacia los profesores.
Por otra parte, Ribó sostiene que la difusión de los datos de los docentes "atenta contra su derecho a la intimidad y la propia imagen" y que la publicación de sus imágenes "puede haber vulnerado la normativa que regula el derecho de protección de datos". Por eso, defiende que el Departament d'Ensenyament adopte las "medidas inmediatas" para proteger a los docentes y "garantizar y evitar vulneraciones" de su derecho a la intimidad y a la propia imagen.
"A estas alturas no se tiene constancia que la Administración educativa haya llevado a cabo ninguna actuación con este objetivo y se tiene constancia de la intervención de la Inspección educativa, pero no del resultado de esta investigación", avisa el Síndic, que también advierte que las "pintadas acusatorias" que aparecieron a principios de esta semana "perturba gravemente la convivencia en el centro y afecta no sólo a los profesionales del instituto sino al conjunto del alumnado".
Para el Síndic, tratar asuntos de actualidad política en el aula "no se tiene que considerar una vulneración de los derechos al alumnado, ni resulta contrario a los fines de la educación ni constituye una práctica adoctrinadora, que se enmarca en el ejercicio del derecho a la educación". En este sentido, afirma que este derecho "va más allá de la transmisión de conocimientos" y que prepara el alumnado en "el ejercicio de la ciudadanía activa, la educación en la esfera de los derechos humanos y una educación que promueva y refuerce los valores éticos consagrados por la Convención sobre los derechos del niño".
En su análisis del caso, Ribó también constata que el informe del Departament de Ensenyament concluye, después de varias visitas al centro, que los días inmediatamente posteriores al 2 de octubre la relación entre alumnos y docentes y entre alumnos "se vio influida por el contexto político" pero que la actividad académica fue volviendo a la normalidad; y el del Consejo Escolar del instituto, que recoge que nunca ha habido "ningún conflicto por razones ideológicas durante todos estos años de existencia" y que la trayectoria de los profesores acusados "ha sido siempre de una gran profesionalidad al servicio de la enseñanza".