El Síndic de Greuges, Rafel Ribó, alerta de que la prisión preventiva de los procesados y la prohibición a Jordi Turull para ejercer su derecho político es "un ataque grave" a los principios que sustentan el Estado de derecho en España y el Convenio europeo de derechos humanos. Ribó considera que impedir la posible investidura del candidato a la presidencia de la Generalitat vulnera los derechos de participación política de toda la ciudadanía de Catalunya.
La Sindicatura sostiene que "se mantiene una desproporción penal ante una cuestión política, de forma contraria a reiterada jurisprudencia del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos". Rafel Ribó hace estas afirmaciones amparándose en el artículo 23 de la Constitución y el Convenio Europeo de Derechos Humanos.