El Sindicato Profesional de Policía (SPP) ha pedido al juez que investiga las cargas del 1-O que impute por desobediencia y malversación a los directores de 28 colegios de Barcelona donde hubo incidentes, al considerar que su "permisividad" permitió la aglomeración de activistas en los centros.
El sindicato también ha solicitado al juez que reclame a los Mossos d'Esquadra un informe sobre su actuación en estos 28 puntos de votación, alegando que el Cuerpo Nacional de Policía tuvo que acudir a estos centros después del "incumplimiento o incapacidad" del cuerpo autonómico para cerrar los colegios.
El Sindicato Profesional de Policía ejerce la acusación popular en la causa abierta por el titular del juzgado de instrucción número 7 de Barcelona, que mantiene imputados a unos cuarenta policías por las cargas del 1-O, así como a Roger Español, que recibió el impacto de una pelota de goma en un ojo.
Permisividad
En su escrito, el sindicato advierte que la actuación policial, ya fuera de Mossos o del Cuerpo Nacional de Policía, se vio "completamente obstaculizada" aquel día por la "permisividad" de los directores de los colegios donde se celebraron las votaciones, ya que "facilitaron, procuraron o no impidieron" la "aglomeración de gente y la celebración del referéndum, que había estado expresamente prohibido por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya".
Por este motivo, solicita al juez que cite como imputados a los directores de los 28 centros donde se produjeron los incidentes que han dado origen a la causa. Según el sindicato, mayoritario en las escalas de mando del Cuerpo Nacional de Policía, los directores pudieron haber cometido un delito de desobediencia, dada su condición de funcionarios públicos, ya que permitieron la celebración del 1-O aunque había un mandato "público y notorio" del TSJC para prohibirlo.
También pide que se los cite como imputados por un delito de malversación al haber permitido el uso de instalaciones públicas "para un acto claramente ilegal y prohibido por el TSJC".