El sindicato de funcionarios CSIC ha anunciado que llevará el Govern a los tribunales por haber decidido suspender todas las pruebas de las oposiciones que había convocado el 29 de abril y que acabaron en fiasco. En concreto, se personará ante los juzgados contenciosos-administrativos por la resolución que deja sin efecto todas las pruebas. El sindicato reclama que se reconozcan como válidos "todos los procesos en los que no se hayan producido irregularidades suficientemente relevantes como para anularlos", y defienden que esta es la única manera de salvaguardar "los derechos legítimos de todos los aspirantes". En el fondo de la queja está el hecho que algunos opositores que pudieron realizar la prueba y que consideran que esta les fue bien, ahora ven que ha quedado anulada.

"Nosotros no determinamos si se tienen que repetir el 30, el 45, el 70 o el 100% de los procesos. Lo que queremos es que se cumpla con una estropeada legalidad y se justifiquen de forma fehaciente los motivos de una suspensión que, en estos momentos, responden más a una decisión política que no legal. Recordamos que después de que los responsables más destacados del Departament [de Presidència] confirmaron que se respetarían los procesos desarrollados correctamente, dos días después, sin ni siquiera haber finalizado el plazo para presentar incidencias, ya decidieron repetir las convocatorias de manera general. ¿Por qué esta prisa? Lo ignoramos", se han quejado fuentes del CSIC.

El sindicato considera que la causa de los problemas "deriva del perjudicial y nefasto acuerdo suscrito por la Funció Pública y las organizaciones sindicales UGT, CCOO y CATAC", que a su entender decidieron convocar, simultáneamente, todos los procesos selectivos el mismo día, "vulnerando, así, el principio de igualdad, mérito y capacidad, el libre acceso a la Función Pública y la libre concurrencia de los trabajadores y trabajadoras públicos, así como de toda la ciudadanía". "El informe en que se basa esta resolución que ellos califican como jurídica, aunque solo es estadística/informativa, no hace ninguna mención a las actas del tribunal de las pruebas ni a las de los responsables de aulas. Refieren al conjunto de datos estadísticos relativos a las incidencias que ni siquiera determinan el número exacto en que se han producido", añade.

El CSIC se pregunta cómo se puede suspender un proceso de oposiciones "sin tener en cuenta las actas y las certificaciones del tribunal, el órgano supremo en cualquier proceso opositor". "No tenemos la respuesta. ¿No tendrían que confrontarse las incidencias manifestadas con las actas levantadas en las aulas por el tribunal?", se pregunta. También se queja de que se desprecian los testimonios de todas las personas que, habiendo sido igualmente presentes en las aulas, "no pueden manifestar ni certificar la realidad vivida el día de las pruebas".

El sindicato también pide a todos a los aspirantes que realizaron las pruebas correctamente, y que no detectaron incidencias, presenten un recurso administrativo de reposición contra la resolución de la Conselleria de la Presidencia. En este recurso se tendrá que concretar el aula donde se llevó a cabo la prueba y confirmar que no percibieron ninguna incidencia en la realización.