El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, no se ha cansado de repetirlo en las últimas semanas: ha hablado de un impacto económico a raíz de la fuga de empresas, algo que podría no sustentarse con hechos, según apunta ahora el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha). La organización, que reúne a la mayoría de los trabajadores del ministerio, asegura que el impacto del cambio de la sede social de casi 3.000 empresas fuera de Catalunya desde el pasado 1 de octubre es "prácticamente inexistente" para las arcas públicas de la recaudación, ya que no afecta en la recaudación, sólo de forma minoritaria en el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados en los casos que se realicen ampliaciones de capital.

Así lo ha recordado el secretario general de Gestha, José María Mollinedo, en declaraciones en Europa Press, después de que el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, haya señalado este jueves que una de las tareas de Inés Arrimadas si llega a gobernar será afrontar las consecuencias de la salida de empresas de Catalunya, que va a generar "menos ingresos" para las arcas públicas porque ahora estas empresas pagan impuestos fuera. Mollinedo ha explicado que el impacto de la fuga de empresas fuera de Catalunya es "inapreciable" porque las empresas que se trasladan pagarán el impuesto de Sociedades y el IVA en otra delegación de la Agencia Tributaria del Estado y posteriormente el Gobierno central distribuirá a las comunidades la parte de la recaudación cedida en función de los índices que publica el INE.

En el caso del IVA la distribución de su recaudación se realiza conforme a la proporción de consumo que cada región obtiene, y se reparte al 50%, mientras que el tributo de Sociedades no financia a las comunidades autónomas, sino que se ingresa directamente en las arcas públicas estatales y no afecta por lo tanto a la financiación de las autonomías. Una situación similar sucede con los Impuestos Especiales, por los cuales el INE establece cada consumo (gasolinas, alcohol y tabaco) y se distribuye en función de lo que estima para cada comunidad autónoma. "Este porcentaje de cesión de impuestos se repartirá a cada comunidad con independencia de donde esté cada suyo social", ha indicado Mollinedo.

No obstante, la recaudación por este gravamen es muy baja y el impacto se producirá en casos "muy excepcionales" en qué alguna de las empresas que se han marchado acometan una ampliación de capital con aportación de los accionistas, lo cual se ingresaría en la nueva región donde haya establecido su sede social. De esta forma, Mollinedo ha descartado que se produzcan subidas de impuestos o recortes a los presupuestos futuros por este motivo, ya que el impacto de la fuga de empresas es "prácticamente inexistente".