"La liberación inmediata de las personas encausadas por los delitos de rebelión y sedición que se encuentran en prisión provisional mientras no se celebre un juicio con plenas garantías y haya sentencia firme". Es la primera recomendación que hace el Síndic de Greuges en un informe presentado este lunes, que aborda "la vulneración de derechos fundamentales y libertades públicas con ocasión de la reacción penal al 1-O y la aplicación del 155". En el documento, Rafael Ribó critica el uso "abusivo y desproporcionado" de esta medida cautelar.

 

El Síndic ha presentado el informe este lunes por la mañana, después de entregarlo al presidente de la cámara, Roger Torrent. Concretamente, sobre este aspecto, considera "reprobable" que el juez Pablo Llarena "argumente el riesgo de reiteración delictiva sobre la base del ideario político de las personas encarceladas y de una parte de la sociedad". También rechaza la limitación de los derechos políticos de los que se encuentran en prisión.

"La decisión de mantener una persona en detención provisional tiene que ser debidamente y suficientemente motivadamente, sobre todo cuando se suceden demandas de libertad condicional y decisiones judiciales denegatorias", avisa el informe.

Por otra parte, en el apartado de las recomendaciones, Ribó insta a todas las partes ha iniciar un "diálogo constructivo para conseguir una solución política al conflicto" y pide "fortalecer las garantías democráticas" asegurando el ejercicio de derechos como el de expresión. También interpela a la Fiscalía General del Estado y al poder judicial en su conjunto para "recuperar los principios democráticos de mínima intervención penal y proporcionalidad".

Derechos políticos

Con respecto a los derechos políticos de las personas privadas de libertad, el Síndic de Greuges ha reiterado que es "preocupante" que personas que han sido elegidos y están en posesión de sus derechos políticos no puedan ser candidatas a la presidencia de la Generalitat. En este sentido, denuncia "la irregularidad que supone que el TC, antes de decidir si admite a trámite un recurso del Gobierno estatal, adopte unas medidas cautelares que impiden de facto que Carles Puigdemont pueda ser presentado como candidato a la presidencia de la Generalitat ante el Parlament".

Por otra parte, también rechaza la adecuación del delito de rebelión. "Hemos hecho un análisis sobre la rebelión, y el tribunal alemán ente mujer la razón diciendo que el delito queda fuera de lugar", ha señalado durante la rueda de prensa en el Parlament. Ribó también ha defendido la necesidad de restablecer completamente el autogobierno de Catalunya.

Libertades fundamentales y 1-O

El informe presentado este lunes también hace una panorámica de la situación de los derechos y libertades. Y lanza una advertencia: "Los ataques o regresiones no se circunscriben a las expresiones o manifestaciones de carácter independentista en Catalunya, sino que tienen un alcance más amplio y se están aplicando a diferentes normas de protesta y disidencia". En este sentido, ha denunciado el caso de Támara Carrasco, miembro de los CDR que tuvo que declarar ante la Audiencia Nacional por terrorismo. Ha comparado esta vulneración de derechos, amparada en la aplicación del artículo 155, con la de un "estado excepcional" implícito.

Finalmente, el Síndic también ha reclamado una "investigación objetiva" sobre el 1-O. "El 1 de octubre hubo un uso desproporcionado de la fuerza policial y, como piden el Consejo de Europa y las Naciones Unidas, se ha de identificar a los responsables", sostiene Ribó. Justamente este informe, ha precisado, será transmitido tanto al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos como al Consejo de Europa.

Ante las críticas que ha recibido por parte del unionismo por sus informes, ha recordado que fue escogido por unanimidad del Parlameno. Y ha avisado de que no actuará con miedo a lo que puedan decir los diferentes grupos: "El día que un defensor del pueblo actúa por miedo, tiene que dimitir".