El Síndic de Greuges ha salido en defensa del derecho político del diputado y candidato a la investidura, Jordi Sànchez, después de la decisión del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena de denegarle el permiso para asistir a la investidura. Por el Síndic, Rafel Ribó, denegar el permiso en Sànchez para asistir al pleno vulnera los derechos de participación política del diputado y de toda la ciudadanía de Catalunya.
En un comunicado emitido este jueves, considera que "la decisión afecta igualmente a la separación de poderes", ya que considera que sólo el presidente del Parlament puede proponer o retirar candidatos "sin que el poder judicial pueda sustituir esta función democrática". Como ya denunció la primera vez que Llarena impidió a Sànchez ser investido, el Síndic cree que la decisión de Llarena "va en contra de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)".
En este sentido, recuerda las medidas cautelares dictadas por la ONU y asegura que pondrá los hechos en conocimiento de la comisaria europea de derechos humanos, Dunja Mijatović, y de los órganos competentes en materia de derechos humanos de las Naciones Unidas.
Además, el Síndic aprovecha la ocasión para reiterar que "la calificación penal como rebelión o sedición de los hechos en torno al 1 de octubre es claramente desproporcionada y puede atentar contra principio de legalidad penal". También considera que es desproporcionada la medida de prisión preventiva para los políticos catalanes encarcelados.