El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha mostrado hoy la profunda preocupación tanto por las detenciones de los miembros del Govern y los responsables del ANC y Òmnium, como por la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Ribó se ha referido a la posibilidad que se esté haciendo "una transgresión clarísima de derechos fundamentales" y ha advertido que ejercerá sus funciones de investigación e informe a todas las instancias a su alcance.

Ribó, que ha recordado que en su último informe ya advirtió sobre "regresión de derechos fundamentales y libertades" en el Estado español, ha insistido en denunciar el uso de soluciones penales para los conflictos políticos institucionales y sobre la "deriva partidista del poder judicial en el Estado español".

Detenciones

En el informe detalla las afectaciones a derechos fundamentales en que puede haber incurrido los autos del Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional al admitir a trámite las querellas contra los miembros de la Mesa del Parlament y el Govern.

Se refiere a la transgresión del derecho al juez predeterminado por Ley, que tendría que ser la jurisdicción ordinaria de Catalunya, y en primer lugar del TSJC; señala" la "sorprendente" disparidad de criterios entre el TS y la Audiencia "a la hora de fijar el derecho a la defensa y la aplicación de medidas cautelares"; considera "completamente desproporcionada" la calificación penal como rebelión y la prisión provisional sin fianza dictada contra Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, mientras que las medidas cautelares contra los miembros del Govern las describe como "una muestra más de la desproporción de la Justicia".

No se está respetando el principio de proporcionalidad de las penas que impone la Constitución, denuncia, al mismo tiempo que advierte que la referencia que hace la querella como intimidatorias de las manifestaciones del 11 de Septiembre - "ejemplares por su civismo" - puede suponer un "grave riesgo de transgresión" del derecho a reunión y manifestación recogido por el texto constitucional.

Estas afectaciones de derechos fundamentales reconocidos en los tratados europeos, podrían acabar en el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, advierte, pero reconoce que las resoluciones pueden llegar demasiado tarde "cuando la vulneración de los derechos ya sea irreversible y la única reparación posible sea la moral o, en según qué casos, la económica".

Por todo ello, insta a los poderes implicados a revertir estas actuaciones y evitar, "como reiteradamente ha pasado", que el máximo órgano europeo en materia de derechos humanos condene el Estado español por violación de normas internas e internacionales por vulneración de derechos humanos.

155: vulnera derechos fundamentales

Por lo que respecta a la suspensión del autogobierno a través de la aplicación del artículo 155, advierte que podría vulnerar el derecho fundamental "a la participación política de toda la ciudadanía de Catalunya".

"La destitución del Govern catalán en pleno vulnera el derecho a la participación política de toda la ciudadanía de Catalunya", advierte el informe. Tanto es así, que asegura que la resolución puede ser impugnada por los ciudadanos y por los que consideren lesionado su derecho a participación.

Asimismo denuncia que la interpretación que hace el Senado y el Gobierno del artículo 155 puede contradecir preceptos constitucionales, como el derecho a la autonomía reconocido en el artículo 2 y el sistema desplegado en el Título VIII.

Exige un 21D sin amenazas

"Las elecciones convocadas para el 21 de diciembre se tienen que poder desarrollar con todas las garantías democráticas y sin ninguna amenaza ni advertencia con relación a los resultados", alerta.

Igualmente, exige el compromiso del gobierno español de levantar las medidas excepcionales adoptadas una vez se forme, entrega y según las previsiones estatutarias, el nuevo Gobierno.

Riesgo de mala administración

En último lugar, el Síndico alerta sobre el riesgo de mala administración y de potenciales vulneraciones de derechos que puede comportar el hecho de que la Generalitat se gobierne a distancia, por instancias ajenas a la voluntad popular y que no responden ante sus legítimos representantes.