Cuando saldrá la sentencia y cuál será la condena? Son las dos preguntas que hay en el aire estos últimos días.

La sentencia saldrá lunes o martes, según fuentes del Tribunal Supremo, aunque tiene más fuerza ahora mismo la opción del lunes 14 de octubre. Se comunicará a los procuradores vía el programa informático LexNet. Y todo apunta a que será sin previo aviso. La idea era evitar filtraciones, pero a estas alturas los titulares están preparados para una condena de sedición, en algunos casos, con penas por malversación en los casos de cargos públicos y con la posibilidad de que a Oriol Junqueras le caigan 15 años de prisión, la pena máxima para el delito de sedición.

Varios secretarios judiciales entregarán la sentencia a los acusados. A los presos políticos se la llevarán a Lledoners, Puig de les Basses y Mas d'Enric. Y a Carles Mundó, Santi Vila y Meritxell Borràs, en su domicilio. Los tres acusados ​​que están en libertad podrían tener una condena sólo por desobediencia que no conlleva penas de prisión.

Y cuando los acusados ​​y sus abogados tengan la sentencia, la recibirán los medios de comunicación. El viernes el servicio de prensa del Tribunal Supremo preparaba la infraestructura para trabajar rápido y eficazmente para poder hacer llegar el documento a todos a la vez. A partir de este lunes se vuelve a abrir la Biblioteca y la sala de actos del Supremo para que los periodistas puedan trabajar con comodidad. Es una pista más para pronosticar el día que se hará pública la sentencia, pero tampoco es nada definitivo.

El hermetismo ha sido total hasta ahora para bloquear la sentencia y que los acusados ​​no se enteren por los medios de comunicación. El tribunal de la Sala Segunda del Supremo presidido por Manuel Marchena hace 4 meses que mira de encontrar el acuerdo en la sentencia y evitar votos particulares. Y la clave de esta unanimidad recae en los delitos que se acaban imponiendo.

Sobre la mesa está la rebelión que pide la Fiscalía y la sedición que reclama la Abogacía del Estado. Ambos delitos conllevan una diferencia importante de enfoque. La rebelión es contra el orden constitucional y la sedición contra el orden público. También conllevan una diferencia de penas, y aquí está la clave de la sentencia que está a punto de hacerse pública y el futuro a medio y largo plazo, sobre todo, de los presos políticos.

La sentencia se basará en el que se haya podido probar durante el juicio, en la implicación que el tribunal crea que ha tenido cada uno de los miembros del Gobierno, Carmen Forcadell y Jordi Sánchez y Jordi Cuixart y en cómo interpreta el tribunal la violencia.

Si es rebelión

Para condenarlos por rebelión hace falta que sea consumada y hay que haber probado la violencia. El delito consumado se mueve en una franja entre los 25 y los 30 años de prisión. Es la pena máxima que pide la Fiscalía por Oriol Junqueras.

Pero los años de condena podrían bajar a la mitad si se quedara en una conspiración para la rebelión. El delito baja un grado y las penas se quedarían en abanico que iría de los 12 años y medio a los 25 años. El tribunal podría todavía rebajar un grado más y la pena se quedaría entre 5 y 12 años y medio.

Eso supondría que los penados podrían obtener un tercer grado, en el que sólo se va a dormir a la prisión, más temprano que tarde, porque al haber cumplido dos años de prisión preventiva, casi la mitad de la pena, los tiempos entre rejas se acortarían y podrían provocar que algunos de ellos estuvieran en casa por Navidad.

Si es sedición

Si el tribunal no ve probada la violencia, sino que se coge a una alteración del orden público, basándose en los hechos del 20 de septiembre ante la Conselleria de Economía, la condena se podría quedar en la sedición.

Si fuera consumada, las penas de prisión irían entre los 10 y los 15 años. En el caso de bajar un grado porque no se ha podido demostrar la alteración del orden público, las condenas oscilarían entre los 5 y 10 años. En este caso el pronóstico para poder salir de la prisión será rápido. Al estar dos años en prisión preventiva, y haber cumplido casi la mitad de la parte más baja de la horquilla, podrían salir en unos meses en libertad.

Si el tribunal bajara dos grados el delito de sedición, la franja de penas se quedaría en la parte más baja, entre los 2 años y medio y los 10 años. Y eso facilitaría una salida rápida de la prisión, ya que la mayoría de los 9 presos políticos hace 2 años que están entre rejas.

Si no hay malversación

El tribunal tiene que probar también la malversación, y los años del delito se sumarian en el resto de pena. Pero por eso hay que haber probado durante el juicio que el Gobierno gastó dinero del presupuesto de la Generalitat en los preparativos del referéndum. Aunque se encontró material con el escudo y el logotipo del Gobierno, no se han encontrado pagos en las empresas proveedoras y durante el juicio todos los testigos de las empresas negaron haber cobrado nada.

Por lo tanto, si decae la malversación se dejarían de sumar entre 2 y 4 años a cada uno y evitaron la entrada en la prisión de los tres acusados que están en libertad Carles Mundó, Santi Vila y Meritxell Borràs.

Las inhabilitaciones

Para lo que no habrá reducción posible serán por las inhabilitaciones que irán ligadas al delito principal. Por lo tanto, en caso de condena su carrera política estaría prácticamente acabada si el delito es por conspiración a la rebelión donde la horquilla de penas está entre 12 y 25 años. En el caso de la sedición se quedarían entre 10 y 15 años sin poder aspirar a ningún cargo político.