13 años de prisión y 13 de inhabilitación absoluta. Esta es la pena que el Tribunal Supremo ha impuesto al líder de ERC Oriol Junqueras que está convencido que "España no tiene ningún interés en encontrar una solución política para Catalunya".

De esta manera se ha expresado en un artículo que ha escrito desde la prisión de Lledoners para el The Washington Post dónde asegura que "la democracia en España ha entrado en una fase extremadamente peligrosa que amenaza su misma existencia".

Junqueras considera que la sentencia del Supremo fue un ataque al "estado de derecho" y "un error histórico que tendrá graves consecuencias". Con esta advertencia, Junqueras empieza este artículo donde acusa al Estado de "limitar y condicionar el ejercicio de la democracia y los derechos civiles y políticos de los ciudadanos catalanes".

"El Supremo quiere castigar una nación entera"

Oriol Junqueras explica a los lectores del rotativo norteamericano que con esta sentencia el Tribunal Supremo pretende escarmentar a los catalanes con unas condenas que juntas suman 100 años de prisión.

Lo que critica Junqueras es que el Gobierno no se haya querido implicar en el conflicto y haya rehusado "ser una parte de la solución". "Cada vez que hemos contactado con el Gobierno, nos ha dado la espalda", apunta el dirigente independentista.

Según Junqueras, el Gobierno no quiere trabajar mediante el diálogo aunque sabe que "el referéndum de autodeterminación es inevitable".

Junqueras quiere dejar claro al diario que la prisión y el exilio no son síntomas del fracaso del movimiento independentista, "sino al contrario. La represión indiscriminada demuestra el fracaso del llamado estado de derecho de la democracia inmadura".

Finalmente, el presidente de ERC subraya que a pesar de los encarcelamientos y la represión, "los partidarios de la independencia no desaparecemos" y "seguiremos exigiendo una negociación como medio para encontrar una solución política al conflicto". No acaba sin sentenciar: "Si España no quiere sentarse al otro lado de la mesa, la comunidad internacional tendrá que obligarlos a hacerlo".