El pleno del Senado ha aprobado este martes por unanimidad de los 259 senadores la creación de una comisión de investigación por el caso Koldo, que fue propuesta por el PP y en la cual se ha sumado toda la oposición en la cámara. La comisión de investigación, que se constituirá en las próximas semanas, se basará en los contratos públicos durante la pandemia con los cuales Koldo García, exasesor del Ministerio de Transportes, consiguió, presuntamente, comisiones. Sin embargo, aunque puede incorporar otros posibles casos de corrupción, si se derivan de la operación policial Delorme.

La comisión no tiene fecha todavía para su constitución. De hecho, ni tan solo será esta semana, sino a partir de, como muy pronto, la próxima. La mesa de la comisión será la encargada de aprobar el plan y el calendario de sus trabajos, así como el listado de comparecientes. Esta comisión trabajará "hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga y a quien le pese", ha advertido el senador del PP Luis Santamaría, que ha defendido su creación durante el debate al pleno, celebrado unas horas antes de la votación.

El PSOE quiere que se amplíe en todos los contratos públicos de material sanitario

Aunque han votado a favor de la comisión, el PSOE y sus socios parlamentarios han pedido que la investigación se amplíe a todos los contratos públicos de material sanitario durante la pandemia de covid, justo cuando se cumplen cuatro años del confinamiento, y han criticado al PP sus casos de corrupción del pasado. En el debate en el Pleno, varios portavoces han acusado al PP de intentar usar políticamente la comisión para atacar el gobierno estatal, mientras que los populares se han negado a formar "una comisión a medida" del PSOE y han reiterado que el caso Koldo se tiene que investigar de forma independiente.

A la espera de las citaciones

El PP no ha revelado a quién citará para comparecer en la comisión, mientras su portavoz en el Senado, Alicia García, ha reiterado que no descartan "a nadie". Asimismo, ha señalado a varios miembros del gobierno como responsables, como la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero; el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska; y el de Transportes, Óscar Puente.

También está la opción de citar a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, por los contratos de material sanitario del Gobierno balear cuando ella era la presidenta. Armengol ha señalado este martes que "no tiene ningún inconveniente a comparecer" si los servicios jurídicos del Congreso lo avalan. E incluso el PP podría citar a declarar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien ve como responsable último de la trama.