El informe del secretario del Ayuntamiento de Barcelona avisa que ceder locales para el referéndum del 1 de octubre por parte del consistorio vulneraría las resoluciones del Tribunal Constitucional y eso "puede comportar la exigencia a las personas infractoras de responsabilidades de todo orden, de carácter administrativo, disciplinario, contable e incluso penal".
El texto recuerda que la alcaldesa, el Ayuntamiento y sus trabajadoras quedan "vinculados" por el mandato del TC de abstenerse de realizar actuaciones "que permitan la preparación o celebración del referéndum", actuaciones en las que, apunta, "se incluiría lo eventual puesta a disposición de locales para la votación".
Fuentes municipales han apuntado que el gobierno mantiene las vías de diálogo abiertas con la Generalitat para facilitar que el 1-O se desarrolle con la máxima normalidad.
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