La semana en que el president Carles Puigdemont ha superado la cuestión de confianza apelando a un referéndum que impulsaría como máximo a finales del año 2017, la Moncloa se abre a hablar de los presupuestos pero no del derecho a decidir. El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, cree que las cuentas que apruebe Junts pel Sí, incluso si es con el apoyo de la CUP, no tendrían que presentar ningún agravio. Ahora bien, si es para negociar el derecho a decidir, Puigdemont no podrá contar con el el Gobierno español actual, porque entiende que la soberanía nacional es "incondicional".

"No lo podemos negociar nosotros, porque no es nuestra, ni del señor Puigdemont, ni del Gobierno ni de las cámaras. [El president] quiere que negociemos sobre un asunto del que el propietario son los 47 millones de españoles. Son sus derechos fundamentales", ha explicado Santamaría, sobre cualquier acuerdo cuanto al derecho a decidir que pasara por el beneplácito del Estado. Al respecto, la número dos de Mariano Rajoy ha insistido que "a la soberanía nacional no se le pueden poner comas, ni condiciones, es incondicional, soberana, está por encima de todos nosotros", ha sentenciado.

En estos efectos, el Estado ha comparado el derecho a decidir con la negociación de las leyes ordinarias. "Por ejemplo, podemos hablar sobre lo que tenemos encima de esta mesa" –una serie de documentos–, pero el derecho a decidir sería "sobrepasar el mandato de los españoles". Así las cosas, sí que existe una predisposición de Moncloa para hacer la vista grande a unas cuentas públicas, por las que Puigdemont pide el apoyo de la formación anticapitalista. El efecto es que el Estado quita importancia a la cuestión de la desconexión económica de la Generalitat.

"Esperamos que los presupuestos nuevos de Catalunya se concreten, sería lo ideal. Y estamos habituados a modificar los de las comunidades autónomas (...) No tenemos que esperar especiales discrepancias. La realidad se acaba imponiendo", ha dicho el ministro de Hacienda, sobre la posibilidad de que las cuentas catalanas contravengan el techo fijado por España. El ministro ha evitado así poner el acento en el hecho de que los presupuestos catalanes, de superar el tope, lo harían por la ruptura con el Estado.

Reformar la ley presupuestaria

Este viernes el Gobierno ha anunciado que impulsaría una reforma de la ley de Estabilidad Presupuestaria para que se pueda adaptar el techo déficit y deuda a los nuevos objetivos señalados por la Unión Europea. Este se aplica para todas las administraciones públicas en una situación excepcional como la actual, con el Ejecutivo en funciones y sin capacidad para aprobar una medida así. En la práctica, la medida servirá para poder pasar el déficit autorizado a las comunidades autónomas este año del 0,3% previsto en enero al 0,7% decidido en abril y aprobado por la UE.

Montoro ha explicado una segunda consecuencia de esta medida y es que de momento se ha aprobado ya el reparto del cuarto trimestre del FLA de este año. Son en total 10.489.000 euros para el objetivo inicial del 0,3%, pero una vez que se amplíe al 0,7% se liberarán otros más de 4.000 millones de euros. "Necesitamos cambiar el objetivo de déficit cuanto antes mejor", ha urgido el ministro de Hacienda.

Así y todo, fuentes de Moncloa han explicado a El Nacional que obtendrán la mayoría que necesita para aprobar la reforma porque habrían iniciado algunos contactos con otras fuerzas. Una posibilidad, no confirmada, es que el PSOE pudiera colaborar a sacarlos adelante. La sospecha viene porque las comunidades socialistas fueron las primeras a pedir cuanto antes mejor la creación de un gobierno, ya que si no, no podrían aprobar sus cuentas. La reforma será presentada por el grupo Popular en el Congreso ya que el Gobierno en funciones no puede impulsar proyectos de ley.

Batalla de Ferraz

Santamaría no ha querido entrar a valorar la crisis interna que sufre el PSOE alegando que no deben "inmiscuirse" en este proceso y sólo desea que se resuelva. Sobre la posibilidad de que el rey Felipe VI inicie una nueva ronda de consultas para propiciar un segundo debate de investidura, la número dos del Ejecutivo en funciones se ha limitado a decir que es una "prerrogativa regia", no de Moncloa