La vicepresidenta del gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, ha expresado este miércoles al presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Miguel Borra, su preocupación por la situación que pueden sufrir los funcionarios de Catalunya ante el proceso secesionista. Con todo, ha dejado claro que el Estado velará por la seguridad jurídica de los trabajadores públicos si reciben órdenes ilegales, según una nota hecha pública por la organización sindical.
La CSIF ha explicado a la vicepresidenta el protocolo que ha diseñado ante la posibilidad de que se den este tipo de situaciones, donde se recomienda a los trabajadores públicos que, en caso de recibir una orden que consideren ilegal, la pidan por escrito para tener constancia y adviertan a la Administración. Eso tendría que servir para proteger su responsabilidad ante las consecuencias del cumplimiento.
Esta Central Sindical es minoritaria en Catalunya y no forma parte de la Mesa general de la función pública aunque sí tiene presencia en algunos sectores. No obstante, la CSIF se ha mostrado muy activa en relación a los movimientos en torno al procés que pueden afectar a los funcionarios y protagonizó una contundente réplica contra el diputado Lluís Llach cuando este advirtió que los funcionarios tendrán la obligación de respetar las decisiones del Parlament.
Los responsables del sindicato tienen intención de reunirse en los próximos días con el delegado del Gobierno español en Catalunya, Enric Millo, para abordar este tema.
El protocolo de actuación que ha preparado este sindicato recomienda que en los casos más extremos, cuando la ilegalidad sea manifiesta, el trabajador aplique su derecho a no acatar una orden y ponerlo en conocimiento de los servicios de inspección competentes. Asimismo aconseja presentar la correspondiente denuncia ante la policía, fiscalía u órganos judiciales si se estima que se puede incurrir en una situación ilícita, desde el punto de vista penal.