El Gobierno sigue sacando punta del debate en el Parlament donde se aprobaron la ley de Referéndum y la de Transitoriedad Jurídica como uno de sus más preciados argumentos para señalar los procedimientos "radicales" y "antidemocráticos" que rodearían al proceso soberanista. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría así se lo ha increpado al senador de ERC, Miquel Àngel Estradé, durante la sesión de control en el Senado, donde lo ha saludado irónicamente con un "bienvenido a los martes de democracia", en alusión a la rendición de cuentas del Ejecutivo.

"No se pueden ignorar los informes de los letrados del Consell de Garanties", le ha increpado Santamaría, recordando que el grupo independentista omitió el trámite preceptivo de este órgano –que es meramente consultivo– antes de aprobar las dos leyes de desconexión. La vicepresidenta se ha deshecho entonces en adjetivos para cargar contra la organización del referéndum y ha denunciado que los independentistas se "parapetasen" detrás del Parlament para no hacer cumplir la ley. "Quieren imponer la independencia a pesar de la legalidad, en contra de la democracia, a costa de los derechos y libertades", ha lamentado.

La cuestión es que el de ERC tampoco se ha achicado, afirmando que existía en el Ejecutivo de Mariano Rajoy un uso del derecho administrativo y penal "de raíz jacobina", a diferencia de la vocación de autodeterminación "inalienable" de Catalunya. "Nuestro proyecto no es en contra de España, persigue que los catalanes y españoles puedan hablar de pueblo a pueblo", ha dicho Estradé, proclamando que ante la "represión" del Estado, el Govern no cedería. "Ya hemos ganado porque toda la represión que puedan utilizar, la responderemos", ha desafiado el republicano a la número dos de Rajoy.

Estas palabras no han caído bien a Santamaría, quien ha criticado que el conseller de la Presidència, Jordi Turull, tachara de "súbditos" a aquellos ciudadanos que no querían participar en el 1 de octubre. "El bien o el mal aquí lo marca la ley", ha sentenciado la vicepresidenta, ante las constataciones de Estradé sobre que los "soberanos de la ley" no serían para el independentismo los políticos del Estado, sino los ciudadanos de Catalunya.