La cumbre por el referéndum del día 23 de diciembre ha desmontado la idea del Gobierno español sobre que la Operación Diálogo podría llegar a ser intercambiable por una consulta soberanista, llevando al Estado a insinuar sin concreción vías alternativas de actuación, cuando es preguntado sobre cómo piensa detener un referéndum previsto por la Generalitat a finales del 2017. La idea de fondo del ejecutivo del Partido Popular es que sin aval de la Moncloa, cualquier ejercicio soberanista en Catalunya no se podrá realizar, ya que quedaría sin validez internacional y emularía el 9-N del 2014.
La vicepresidenta y ministra de Administraciones Territoriales, Soraya Sáenz de Santamaría, ha visitado este lunes la cadena COPE, donde después de ser insistida por el presentador Carlos Herrera sobre de qué forma lo detendría, ésta ha respondido: "Hay instrumentos para hacerlo, de todo tipo, pero con carácter previo, invito a los independentistas de la Generalitat a que reflexionen sobre si les parece oportuno repetir algo que no les sirvió absolutamente para nada", en alusión al 9-N. "Hay cansancio en la sociedad catalana y creo que es momento de centrarnos en la política real", ha remachado sobre la acción del Ejecutivo.
Al respecto, la vicepresidenta ha insistido en que la Cumbre podría servir para que las fuerzas independentistas y soberanistas allí reunidas "reflexionen hacia dónde van y no repetir aquello que fue un fracaso internacional y generó mucha preocupación y desánimo en la sociedad catalana", como a su parecer habría sido la consulta del 9-N, ya que el Estado no poseería formas de autorizar que el referéndum se celebre legalmente. Por este motivo, ha lanzado un reproche a sus participantes, afirmando que solían quejarse de la falta de diálogo, pero cuando el Estado quiere dialogar, "responden de esa manera".
La receta de Sáenz de Santamaría pasa ahora para seguir insistiendo de que el referéndum se intercambie por una negociación por los "45+1", que es como en la Moncloa llaman a los 46 puntos del president Carles Puigdemont. "La gente me ha hablado de Rodalies, pero de independentismo sólo los que gobiernan a la Generalitat", ha afirmado. En este punto ha justificado que sus encuentros con los partidos "constitucionalistas" habrían servido para una diagnosis del conflicto más amplia, pero ha recordado que se había reunido hace meses con el vicepresident y conseller de Economía Oriol Junqueras.
La ministra de administraciones territoriales quiere al mismo tiempo corregir el relato que la Moncloa habría olvidado sus deudas con la administración catalana. "Hay un afán independentista de ocuparlo a pesar de explicar su versión (...) Está cayendo en el populismo", ha denunciado, sobre la idea de que el PP no invirtiera en Catalunya en los últimos años. "El gobierno de la nación estuvo allí, dimos 50.000 millones de euros para pagar farmacias, también están los FLA, las inversiones culturales, como el Liceo", ha ejemplarizado. Aun así, sí ha reconocido que los "años de crisis" económica habrían impedido mayor inversión.
En tercer término, la vicepresidenta dice querer acercar las instituciones españolas al conjunto de los catalanes, como adelantaba El Nacional. "Veo una necesidad por parte de la sociedad catalana de sentir muy cerca al Gobierno de la nación. Quiere sentir esta proximidad constante. Así se puede pulsar las necesidades que tiene la gente. Es bueno que estemos allí, explicándolo todo", ha insistido. Santamaría esboza este discurso, pero no ha reconocido si Mariano Rajoy se habría distanciado de la Generalitat. La responsabilidad, según afirma, es de PP y PSOE por "no haber trabajado antes conjuntamente" al respecto.