La Moncloa empieza a mostrar los primeros síntomas de cansancio por el bloqueo político que supone llevar más de 200 días de gobierno en funciones. La vicepresidenta interina, Soraya Sáenz de Santamaría, emana ese sentimiento cuando es preguntada por los medios sobre cualquier cuestión. Sobre "la Operación Catalunya" ha indicado que no tenía información sobre el tema y ha instado al PSOE a preguntarse si una comisión era el mecanismo para aclarar el suceso. España todavía no tiene Ejecutivo. Ni del PSOE, ni del Partido Popular, le ha venido a indicar a su rival.
"Antes de pedir comisiones, que se pregunten si es la manera más útil de llegar donde todos queremos", ha indicado Santamaría en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La número dos del Gobierno considera que los socialistas están "en el pleno derecho" de emprender esta vía democrática. Ahora bien, antes les recomienda informarse entre sus exministros del Interior. Santamaría ha insistido en que el Ministerio es la autoridad para determinar "la finalidad de este expediente y qué ha pasado" en tanto que "son los órganos especializados y encargados" y quienes disponen de los recursos, como ha añadido.
La vicepresidenta ha rezumado cierta sorpresa por pensar en acciones parlamentarias, cuando no hay ejecutivo ni una mayoría clara para poner en marcha la legislatura. "Antes de pedir comisiones, haría una reflexión seria sobre qué piensan y qué esperan de esta legislatura", ha lanzado a sus rivales. El PSOE vive una guerra de barones interna. Las aguas están agitadas entre aquellos que ya postulan a Pedro Sánchez como candidato a la investidura, si fracasa Rajoy, y los que piden no aventurar escenarios futuros.
El Gobierno sigue haciendo un llamamiento desesperado para que haya un "ejecutivo estable". Santamaría ha apelado a la "responsabilidad" de los socialistas, a quienes primero le pidieron un gobierno de coalición y ahora el apoyo suficiente que permita sostener la legislatura. "Entiendo y respeto que los partidos necesiten un tiempo de reflexión. Todos tenemos una responsabilidad. Es legítimo que cada partido defienda sus propios intereses, pero hay que defender el interés general", les ha espetado. Sin embargo, Mariano Rajoy se mantiene firme en la idea de postularse para la investidura. Según ha sabido El Nacional, en Moncloa calculan que el pleno se celebrará a finales de julio.
No se sabe si ya ha habido contactos del PP con Ferraz. "Esto va a gusto del consumidor", ha indicado la número dos del gobierno en cuanto a hacer públicas las llamadas. Tampoco se conoce si CDC ya se habría encontrado con Rajoy. Esta semana, el cabeza de lista, Francesc Homs, visitó dos días Madrid para recoger el acta de diputado en el Congreso. Santamaría ha esquivado la cuestión: "Yo he dicho todo lo que sabía", ha respondido ante la insistencia de los periodistas. En Convergència tampoco se pronuncian. Pero la sospecha ha emergido en un momento en que el Ejecutivo en funciones ya se ha encontrado con ERC, PNV, Coalición Canaria y tiene visita concertada con Ciudadanos y Podemos.
La cuestión catalana ha coleado durante la rueda de prensa, como consecuencia de la anulación de las leyes de estructura de Estado de Catalunya. La respuesta de la Moncloa es la misma que otras veces, es decir, empararse en la Carta Magna. "España es un sistema constitucional y cada institución tiene unos poderes. La Generalitat no puede crear estructuras de Estado. Le haría una recomendación: tiene amplias competencias que puede desarrollar. Es necesario que uno repase cuáles son y si puede hacerlo mejor", ha rebotado sobre el tema.
Dentro del bloque "competencial", el cierre del CIE de Barcelona ha generado la misma animadversión por parte de la vicepresidenta en funciones. Santamaría ha recordado que esta unidad no fue impulsada por el gobierno Rajoy, sino por el de José María Aznar, y que el PSOE tampoco la derogó en el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero. "La privación de libertad siempre se hace bajo control para que pueda el juez de instrucción llevar a cabo la tutela correspondiente de los derechos de los internos", ha explicado. "Uno puede hacer la política que tenga por conveniente. Mientras la legislación española sea ésta, un Gobierno tiene un objetivo que cumplir", ha indicado sobre las voces como la de la alcaldesa Ada Colau, que ha ordenado el cierre.