El gobierno de Pedro Sánchez piensa seguir tutelando las autonomías después del estado de alarma, según el decreto ley que está preparando de cara a lo que denomina nueva normalidad, y que cita el diario El Mundo.

El decreto-ley establece una serie de restricciones que tendrán que llevar a cabo forzosamente las autonomías. |Así que, de facto, se mantendrán gran parte de las medidas de precaución del estado de alarma, si bien ya gestionadas por las autonomías, y no por el mando único.

En este sentido, señala que todas las limitaciones comerciales, deportivas, médicas o sociales que establece el decreto "serán de aplicación en todo el territorio nacional hasta que el gobierno [español] declare la finalización de la situación de crisis sanitaria [no confundir con el estado de alarma]". Argumenta este control por la necesidad de estar preparados "ante la posibilidad de nuevos brotes" de coronavirus.

Según El Mundo, la frase más repetida en el decreto subraya esta voluntad de tener controlada la situación en todo el Estado: "Las administraciones competentes deben asegurar el cumplimiento de"..., indica en numerosas ocasiones. Lo cita respecto del cumplimiento estricto de las normas de aforo, desinfección, prevención y acondicionamiento de los establecimientos comerciales, así como en el mandato vinculante de hacer tests PCR a todo caso sospechoso, y a la necesidad de velar para que el uso de mascarilla se cumpla rigurosamente y garantizar que haya material sanitario suficiente. También fija que las autonomías tendrán que coordinar las residencias con los hospitales, después del fracaso durante el pico de la pandemia.

El decreto también indica que con la nueva normalidad también se mantendrá intervenido el sector del transporte de viajeros, como en el estado de alarma.

Las autonomías sí que podrán decidir, "de acuerdo con criterios sanitarios y epidemiológicos", el fin de la fase III en cualquiera de sus zonas. Eso sí, el decreto deja una puerta abierta al Estado y alerta de que "la actual evolución favorable en la contención de la pandemia no exime a los poderes públicos de su deber de organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios".

El borrador de decreto lleva las firmas de los ministros de Sanidad, Salvador Illa, y de Transportes, José Luis Ábalos.