Los tres diputados presos de JxCat, Jordi Sànchez, Josep Rull y Jordi Turull, han acusado a la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, de "dimitir de su alta responsabilidad" al "laminar" el derecho de representación política, como consideran que hizo al suspenderlos como diputados.
En una carta dirigida a Batet publicada en El Periódico, le reprochan que les haya "volatilizado" la presunción de inocencia y apuntan que ha dejado a "centenares de miles de ciudadanos" – en referencia a los votantes de JxCat en las últimas elecciones españolas– sin la "justa y proporcional" representación política. Además, los diputados suspendidos alertan de que con su suspensión se está dando "carta blanca" a quien en un futuro "decida volver a dejar sin voz, de forma arbitraria, otros sectores de la sociedad que resulten incómodos".
Los tres presos responden así en una carta que la presidenta del Congreso publicó en el mismo diario el día 11 de septiembre, y donde citaba a Hannah Arendt diciendo que "introducir el absoluto a la esfera de la política significa la perdición". Sánchez, Turull y Rull aprovechan esta reflexión de la filósofa para reprochar a Batet que ella conoce "con precisión" el significado de la pérdida de los principios democráticos "cuando el absoluto se impone".
"Tendrá el triste privilegio de la historia parlamentaria reciente de ser la primera presidenta del Congreso que, en nombre de un absoluto, laminó uno de los principios más sagrados en cualquier democracia: el de la representación política de cuatro diputados y, con ellos, el de más de un millón y medio ciudadanos", argumentan en la misiva.
Según los representantes de JxCat, con la decisión de la presidenta de suspenderlos como diputados faltó a su responsabilidad, que indican que no es ordenar los debates, sino "garantizar que los diputados puedan ejercer plenamente y sin restricciones impuestas esta representación". "Proteger sin vacilar los derechos inherentes a un diputado, sobre todo si no compartes ideología, parece un concepto demasiado audaz para una clase política más preocupada de su supervivencia personal que de la resolución del conflicto", sentencian a la carta.
En este sentido, alertan de que su suspensión no supone un "problema" sólo para los independentistas "a quienes se ha decidido silenciar", sino que es de la democracia española porque, como avisan, se está siguiendo "el absoluto de la unidad de España".
Además, denuncian que no se les permitiera comparecer en la Comisión del Estatuto del Diputado y apuntan que así no sólo les "negó" su derecho a expresarse, sino que "lo negó a 346 diputados", que recuerdan que son los capacitados para debatir mediante el procedimiento de un suplicatorio sobre el levantamiento de la inmunidad parlamentaria.
Así, Sánchez, Rull y Turull consideran que sería "muy saludable" que Batet, "en ejercicio de sus responsabilidades, utilizara como criterio a la hora de tomar decisiones la coherencia entre lo que predica y lo que practica".
Los tres diputados también denuncian la "preeminencia" del poder ejecutivo sobre el resto, que además apuntan que quien se lo "otorga" es el mismo poder judicial. "La perplejidad no surge porque determinadas instancias judiciales pretendan invadir el terreno ajeno, sino que por la docilidad con que los otros poderes se resignan", explican en la carta.