La reforma del delito de sedición tendrá el visto bueno del Consejo de Ministros durante este segundo semestre, antes de que acabe el año. Según ha adelantado El Periódico y confirman fuentes del ejecutivo a ElNacional.cat, la reforma del Código Penal forma parte del Plan anual normativo 2020, que contempla hasta 171 iniciativas legislativas del Gobierno para la segunda mitad del año. El objetivo es adaptar el tipo a "parámetros europeos". Podría suponer una rebaja de las penas y, por lo tanto, de la condena que tengan que cumplir los presos políticos independentistas. En caso de ser así, esta iniciativa coincidirá con la negociación de los presupuestos del Estado.

Esta mismo lunes, en una entrevista en TVE, Pedro Sánchez reiteró que mantenía como compromiso de investidura la revisión de delitos como la rebelión y la sedición. "Tenemos que sacar muchas lecciones del mal denominado procés", aseguró el presidente español. "Europa, en algunas sentencias, señala los déficits de nuestro Código Penal", añadió. "Es uno de los compromisos que mantendré", dejó claro.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta Carmen Calvo explicó ayer que plantearán hasta 171 iniciativas: la reforma de un artículo de la Constitución, tres leyes orgánicas (que requieren de una mayoría reforzada), 58 leyes ordinarias y 129 reales decretos. La semana que viene se inaugurará el calendario con la ley de memoria historia que sustituirá la de Zapatero.

Entre otras cuestiones, la nueva norma recogerá que "no podrá haber fundaciones públicas o con dinero público que enaltezca figuras dictatoriales". Fuentes de vicepresidencia primera confirman que afectaría la Fundación Nacional a Francisco Franco (FNFF), a pesar de ser una entidad privada. La última subvención que recibió fue por parte de Aznar. También se impulsará una plan para llevar a cabo exhumaciones de fosas comunes.

Reforma del artículo 49

El artículo de la Constitución española que quieren modificar es el artículo 49, que se refiere a las personas con discapacidad como "disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos". El objetivo es cambiar esta denominación y desde La Moncloa esperan que se apruebe por unanimidad de las Cortes españolas.