El cambio de postura del Gobierno con respecto a Marruecos y el Sáhara Occidental hace tiempo que levanta polvareda entre las diversas formaciones políticas que conforman el hemiciclo del Congreso de los Diputados. Finalmente, a petición del Partido Popular, el presidente español, Pedro Sánchez, ha dirigido los cambios con las relaciones diplomáticas con Rabat, que su Ejecutivo ha implantado repentinamente los últimos meses. Uno de los puntos más controvertidos del giro de guion de las relaciones entre los dos estados ha sido la aceptación del proyecto autonomista de Marruecos por el Sáhara, el cual aceptó Sánchez el pasado 7 de abril en su viaje a la capital marroquí. Eso supuso un gran cambio al posicionamiento tradicional del Estado español con respecto al conflicto saharaui, que este miércoles Sánchez ha justificado afirmando que hace falta "asumir un discurso de respeto mutuo, dejando de lado lo que puede ofender a cada parto".
¿Cuáles son estas supuestas ofensas que afecta a España y Marruecos? Para Marruecos el reconocimiento del derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui (reconocido por la ONU), para España que se dude de la españolidad de Ceuta y Melilla, ciudades que desde los territorios marroquíes a veces se hace referencia como "ciudades ocupadas". "Nosotros no aceptamos que se hable de Ceuta y Melilla como ciudades ocupadas porque son territorio español, europeo, internacionalmente reconocido (...) pero también tenemos que entender que Marruecos merece la misma consideración cuando hablamos de los asuntos que a ellos les preocupan", ha expuesto Sánchez.
El presidente español no solo se ha refugiado en la excusa del respeto mutuo para justificar un cambio de política exterior tan primordial como el posicionamiento con respecto al Sáhara, también expone que: "47 años tendrían que ser suficientes para entender que tenemos que mover nuestras posiciones". Sánchez ha afirmado que sigue los paso de otros países como Francia o los Estados Unidos, que a lo largo del tiempo, con respecto al pueblo sahariano, han ido acercando posturas con Rabat. "España no se ha desentendido de la causa del pueblo saharaui, al contrario, hemos situado el debate donde creemos que tiene que estar en la búsqueda activa de una solución", ha remarcado.
No convence
Las explicaciones tan reclamadas por los partidos que conforman el Congreso no ha sido bien recibidas ningún lado del espectro ideológico. Por ejemplo, Gabriel Rufián, diputado por Esquerra Republicana, ha reprochado la decisión del Ejecutivo español, la cual ha relacionado directamente con la crisis energética que se da en Europa. "Rabat intenta vender miles de kilómetros del desierto del Sáhara para instalar pantallas y molinos, el único problema es que los millares de kilómetros tienen nombre y propietario: Sáhara Occidental", ha expuesto al republicano y ha añadido: "La geopolítica tiene razones que la decencia no entiende". Otros representantes catalanes, como Ferran Bel también ha mostrado su rechazo a la nueva postura del Estado.
Pero el malestar por la diplomacia con Marruecos llega de otras formaciones como el PP, que le ha cuestionado como el cambio de política con Rabat podría estar relacionado con el espionaje con el software Pegasus de miembros del Ejecutivo de Sánchez. "No sabemos qué relación tiene (el cambio de postura) con Pegasus. Esperamos que Bolaños lo explique ante el juez lo que Usted no dice en esta cámara", ha reprochado a la portavoz popular, Cuca Gamarra. Una sospecha que también ha expuesto al representante del PNV, Aitor Esteban. Sánchez se ha encontrado solo defendiendo su postura incluso ante su socio en La Moncloa, Unidas Podemos.
Consecuencias
La crisis diplomática desencadenada por el gobierno de Pedro Sánchez a raíz de su nueva postura sobre el Sáhara Occidental sigue bien viva para Argelia. El gobierno argelino no reconoce abiertamente que está llevando a cabo un boicot, sin embargo, el Ejecutivo va imponiendo más restricciones para obtener permisos de importación, los últimos impuestos el pasado martes con discreción.
Precisamente, la situación de las relaciones diplomáticas ha sido la pregunta más repetida entre las formaciones del Congreso. Argelia amenazó con dificultar la llegada de su gas al Estado español y prosiguió a poner bastones en las ruedas en el comercio con los dos países como respuesta al cambio del Gobierno.