Un mes después de la entrada masiva de migrantes que desbordó Ceuta, el Gobierno de Pedro Sánchez intenta atacar otra de las consecuencias de una crisis humanitaria, institucional, política y diplomática que continúa abierta: el hundimiento de la actividad económica y la presión sobre los servicios públicos. El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes un paquete extraordinario de 165 millones de euros con ayudas a pymes y autónomos, comercio y turismo y refuerzos para sanidad, educación y justicia. Una inyección que llega cuando el ejecutivo necesita recuperar la normalidad en la ciudad, pero también pasar página de una crisis que ha trastocado completamente el arranque del curso político.
Los 165 millones no sustituyen ni forman parte del Plan Integral de Desarrollo Socioeconómico de Ceuta, puesto en marcha en 2022 y que ya ha movilizado unos 180 millones de euros. El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, anunció durante su visita a la ciudad que este programa estructural se ampliará, pero esta ampliación todavía se está negociando con la patronal, los sindicatos y los sectores afectados. El paquete del martes tiene una naturaleza diferente: son medidas de choque para actuar sobre las consecuencias inmediatas de la crisis.
Una crisis que se ha comido el inicio del curso
La operación económica tiene, inevitablemente, una dimensión política. Ceuta se ha convertido en el gran problema con que Sánchez inicia el nuevo curso y ha dejado en segundo término buena parte de la agenda que el gobierno tenía preparada para la vuelta del verano. El presidente inaugurará este lunes el curso político con una entrevista radiofónica y afrontará el momento más delicado el jueves 3 de septiembre, cuando comparecerá a las 9 de la mañana ante el pleno del Congreso para explicar la gestión del Gobierno español desde que empezó la crisis el 30 de julio. La comparecencia se celebrará tanto a petición propia como del PP.
Sánchez no visita Ceuta desde el 31 de julio, el día después del inicio de la entrada masiva, a pesar de que una parte importante de su Gobierno se ha desplazado allí durante las últimas semanas. Su ausencia se ha convertido en uno de los argumentos de la oposición, que intenta situar la crisis como una muestra del agotamiento del ejecutivo. La Moncloa, en cambio, prepara la comparecencia defendiendo que la relación con Marruecos permitió que una gran mayoría de las personas que cruzaron la frontera regresaran durante las primeras horas e insiste en que ahora el reto es gestionar los miles de casos que quedan pendientes de identificación, asilo o retorno. Por eso, los 165 millones son algo más que un paquete de ayudas. Son también el intento del Gobierno de poner fecha de caducidad a una crisis que, un mes después de estallar, continúa condicionando toda la política española. Sánchez necesita sacar a los migrantes de las calles, recuperar la actividad de Ceuta y aligerar unos servicios públicos tensionados. Y lo necesita rápidamente: el jueves deberá explicar en el Congreso no solo qué ha pasado durante este mes, sino sobre todo cuándo considera que podrá dar la crisis por controlada.
80 millones en solo cuatro meses
De los 165 millones anunciados, 80 millones se inyectarán en la economía de Ceuta durante los próximos cuatro meses, una cantidad equivalente a aproximadamente el 4,1% del PIB de la ciudad autónoma, mientras que otros 70 millones quedarán programados para 2027. En total, por lo tanto, la inyección estrictamente económica alcanzará los 150 millones en un año y medio. La dimensión del paquete es considerable para una ciudad de unos 80.000 habitantes. El objetivo declarado del gobierno central es que el dinero llegue rápidamente al tejido productivo y permita evitar que una crisis inicialmente migratoria acabe convirtiéndose también en una crisis económica de larga duración.
Entre las partidas que ya han trascendido habrá 35 millones de euros en ayudas directas a pymes y autónomos y 15 millones para intentar reactivar el comercio y el turismo, dos de los sectores que más han sufrido durante un agosto marcado por las cancelaciones, la caída del consumo y el deterioro de la imagen de la ciudad. A estos recursos se añadirán 15 millones más para reforzar educación, sanidad y justicia, servicios que durante las últimas semanas han tenido que absorber una presión extraordinaria derivada de la emergencia.
Más dinero al margen de los 165 millones
El desembolso, sin embargo, no acaba aquí. Al margen de estos 165 millones, el Gobierno ya ha movilizado otras partidas específicas relacionadas directamente con la emergencia migratoria. La Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia aprobó esta semana un crédito extraordinario de 25 millones de euros para atender a los menores migrantes no acompañados que se encuentran en Ceuta.
Paralelamente, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha elevado hasta los 44,5 millones de euros los recursos destinados a reforzar la atención humanitaria. Según los últimos datos facilitados por el ejecutivo, unas 5.000 de las aproximadamente 72.000 personas que entraron en Ceuta los días 30 y 31 de julio todavía continúan en la ciudad.
Son, por tanto, bolsas de dinero diferentes: los 165 millones que se aprobarán el martes buscan recuperar la economía y reforzar servicios públicos; los 180 millones corresponden al plan socioeconómico de más largo recorrido que ahora se ampliará; y los 25 millones para los menores y los 44,5 millones de atención humanitaria responden directamente a las necesidades asistenciales generadas por la llegada masiva.
Sacar a los migrantes de las calles
El dinero llega mientras el Gobierno de Sánchez intenta resolver el problema más visible que sigue dejando la crisis: miles de personas todavía sin un alojamiento estable. La Moncloa sostiene que la principal dificultad ya no es presupuestaria, sino logística: encontrar espacios suficientes donde concentrar a los migrantes que todavía duermen en calles, playas, montañas o instalaciones improvisadas. El Gobierno ha habilitado dispositivos temporales con capacidad para unas 1.800 personas y trabaja con el objetivo de que en aproximadamente dos semanas nadie siga durmiendo en la calle.
Al mismo tiempo, Interior intenta acelerar la identificación y tramitación de los expedientes para determinar quién puede pedir protección internacional y quién debe ser retornado. España ha reclamado más apoyo de Frontex, Europol y la Agencia de la Unión Europea para el Asilo, así como más agentes para agilizar las entrevistas y los procedimientos. Es la nueva fase de una respuesta gubernamental que durante las últimas semanas ha ido incorporando medidas sucesivas. Después de semanas de presión, Sánchez aceptó también la creación de un mando único encabezado por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, para coordinar la actuación del Estado.