La infiltración de dos mossas en una asamblea docente el curso escolar pasado no está documentada, según han trasladado el Departament de Interior y los Mossos d'Esquadra al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). En un informe breve del intendente jefe de la Comisaría General de Información de los Mossos, Carles Hernàndez, este asegura que "no se dispone y, por lo tanto, no se puede aportar ninguna documentación relativa a órdenes de servicios o de planificación y valoración, ni informes de intervención ni en definitiva, ningún expediente, dado que no se elaboraron". La información que se desprende del informe ha sido avanzada por elDiario.es y ElNacional.cat lo ha podido confirmar.
Este mismo informe asegura que la reunión de los profesores no fue grabada ni con imagen ni con sonido por parte de las agentes infiltradas y justifica la falta de documentación y de grabaciones por el "carácter confidencial y reservado de las funciones de la Comisaría General de Información". Según indica el escrito, esta confidencialidad "determina que la actividad que realiza no se materialice en protocolos escritos de actuación ni en documentación que refleje formalmente todas y cada una de las actuaciones de obtención y tratamiento de la información relacionada con estas valoraciones".
La posible documentación existente fue reclamada por el TSJC a petición de la CGT, después de que se descubriera la infiltración policial en una asamblea docente de Barcelona del pasado 6 de mayo y en pleno conflicto laboral entre los maestros y el Departament de Educació. Esto encendió todavía más los ánimos entre los miembros del sector de la educación e hizo que el Parlament reprobara a la consellera de Interior, Núria Parlon, y al director general de la Policía, Josep Lluís Trapero. Unos ánimos que todavía continúan caldeados: a un día de empezar el nuevo curso, no hay acuerdo entre el Departament y algunos sindicatos —entre ellos el sindicato mayoritario USTEC—, que han decidido mantener la huelga convocada para el primer día de clase, este martes 8 de septiembre.
Valorar amenazas y riesgos en un contexto de manifestaciones
Según Hernández, el motivo de la infiltración fue porque un decreto de 2023 encargaba a su comisaría la tarea de recoger y tratar información operativa sobre conflictividad laboral y social, entre otras funciones, y así poder valorar amenazas y riesgos. Por ello, el escrito señala que la comisaría obtiene, trata, analiza e integra información sobre estos conflictos, como "fenómenos susceptibles de generar escenarios de tensión o de alteración del orden público", pero que la recogida y tratamiento de la información solo tiene finalidades preventivas, para tener un "conocimiento anticipado y contextualizado" que permita una "adecuada evaluación de riesgos y amenazas que pueden afectar la seguridad pública, el orden público y la convivencia democrática". Esta información, pues, debía ser tenida en cuenta por los mandos policiales para dimensionar el dispositivo policial necesario y adoptar las medidas operativas pertinentes en cada caso.