Poner freno a las retransmisiones ilícitas por internet se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza en Europa. Especialmente en España, donde destaca la batalla emprendida por LaLiga para evitar que sus contenidos deportivos acaben en manos de quienes no han adquirido los correspondientes derechos de emisión. La situación ha alcanzado tal magnitud que el Parlamento Europeo no ha bajado la guardia y ha encargado un estudio para analizar las medidas impulsadas por Javier Tebas, presidente de la patronal del fútbol español.
La conclusión del informe es contundente: estas prácticas no son nada acertadas y constituyen un claro ejemplo de lo que no debe replicarse en materia de bloqueos. Giovanni Maria Riccio, catedrático de Derecho Comparado y autor del documento, hace un llamamiento claro hacia la necesidad de fijar una normativa europea más estricta, rápida y eficaz. Como alternativa, cita el modelo Piracy Shield aplicado en Italia, basado en órdenes de bloqueo dinámico que actúan en cuestión de minutos durante la emisión de los partidos, evitando así que se vulneren los derechos fundamentales de los internautas.
La postura del Parlamento Europeo a través de un experto en Derecho
El estudio evidencia un daño colateral descontrolado y señala que la estrategia de Tebas resulta perjudicial, puesto que afecta a más de medio millón de dominios legítimos en todo el país. Aunque los datos, recogidos por el observatorio OONI, fueron desmentidos categóricamente por LaLiga alegando falta de validez técnica, Riccio sostiene lo contrario: ratifica lo que ya se sabía desde el principio, esto es, que se produce un bloqueo sistemático e indiscriminado de contenidos perfectamente legales.
Además de detener la actividad de sitios web legítimos, el principal problema radica en el impacto sobre las infraestructuras compartidas. Se trata de una persecución que no discrimina entre los servidores que operan con normalidad y aquellos dedicados a la emisión pirata, lo que ha llevado al bloqueo de proveedores de alcance mundial como Cloudflare, Amazon o Microsoft.
En la práctica, al detectar una emisión ilegal, se interrumpe el acceso a esta y a multitud de páginas web ajenas, incluidas las de organismos gubernamentales y medios de comunicación, por el mero hecho de compartir la misma dirección IP. El estudio concluye que este modo de actuar atenta contra los principios de necesidad y proporcionalidad exigidos por la propia legislación de la Unión Europea. Conviene recordar que se trata de un informe orientativo para futuras leyes y no de una sentencia judicial, pero deja clara la postura de Bruselas: proteger la propiedad intelectual es una obligación, no un cheque en blanco. Queda por ver cómo reaccionará Javier Tebas ante dicho estudio.