El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha avisado al president de la Generalitat, Quim Torra, que no permitirán "estructuras paralelas" del Govern, en alusión a la voluntad de Torra de desplegar una "república para todos", la asamblea de alcaldes o el Consell de la República. Por este motivo, ha ratificado que se aplicaría un nuevo 155, de forma "pactada y proporcional", si se excede la legalidad, pese a que de una "naturaleza diferente", aunque no ha aclarado si también lo aplicaría en caso de que la Generalitat intente restituir a los consellers cesados por el 155, que se encuentran en prisión o el extranjero, mediante comisionados.
En segundo lugar, PP y PSOE han acordado que la "vigilancia en el cumplimiento de la legalidad" se haga extensiva a los recursos públicos que conforman el presupuesto de la Generalitat "para garantizar que se destinen al cumplimiento de las finalidades de interés general para el que están previstos", en los términos en que se ha venido haciendo desde la decisión adoptada por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos en 2015, o sea, en la vigilancia que se efectuaba casi mensualmente por el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), previa al 155.
Tercero, Sánchez afirma que le pedirá a Torra que asista a la comisión de evaluación del Estado de las autonomías, donde sólo quedan PP y PSOE, ya que Ciudadanos la abandonó, y el resto del arco parlamentario –Podemos , nacionalistas, independentistas– no querían estar en ella.
De la misma forma, Sánchez ha exhibido dureza hacia el dirigente de Ciudadanos, Albert Rivera, quien la semana anterior amenazó con desvincularse del 155 si Rajoy no recurría los votos delegados de Carles Puigdemont y Toni Comín a la investidura. El socialista ha afeado "poner en duda la unidad" de los partidos constitucionalistas y le ha reprochado haberse "aznarizado" al utilizar la situación de Catalunya para "arañar" votos en el resto de España.