La estrategia del presidente español, Pedro Sánchez, de mano dura con el independentismo no se limita sólo a las declaraciones sobre una nueva aplicación del 155. También ha empezado a activar algunas de las herramientas que preparó el PP de Mariano Rajoy contra el procés, como la reforma exprés de la ley orgánica del TC para abordar los llamados incidentes de ejecución de las sentencia. Curiosamente, en el momento en que esta reforma se aprobó, el PSOE aseguró que la derogaría cuando llegara al gobierno.

El Consejo de Ministros ya anunció el viernes que recurriría al TC contra las mociones aprobadas la semana pasada en el Parlament sobre la Guardia Civil, la amnistía y la desobediencia. No obstante, esta mañana el jefe del ejecutivo español no ha limitado la respuesta de su gobierno a estos recursos. Ha anunciado, en declaraciones a la SER, que requerirán personalmente al presidente del Parlament, Roger Torrent, y a cada uno de los miembros de la Mesa por las resoluciones que se aprobaron la semana pasada en el marco del debate de política general.

Requerimientos

"Enviaremos un requerimiento en la Mesa del Parlament en relación estas resoluciones que se están planteando por parte de la mayoría parlamentaria independentista", ha asegurado atribuyéndose una potestad que en realidad corresponde al TC.

Fuentes de la Moncloa han aclarado posteriormente las palabras del presidente y han añadido que, aunque habitualmente el Gobierno se limita a impugnar la disposición, si considera que las mociones aprobadas por el Parlament entran en contradicción con pronunciamientos previos del TC, pueden también plantear el incidente de ejecución de sentencia, y solicitar al Tribunal que "requiera personalmente" al presidente de la Cámara y a los miembros de la Mesa.

Reforma exprés del PP

Precisamente, la posibilidad de esta "notificación personal" dirigida a "cualquier autoridad o trabajador público que se considere necesario" es una de las novedades que introdujo la reforma expreso que hizo el PP de la ley orgánica del TC el año 2015. En concreto, el artículo 87. El objetivo de la reforma diseñada por los populares era capacitar el Tribunal para dictar inhabilitaciones y sanciones ante el incumplimiento de sus resoluciones, y con la notificación personal se señalaba a los responsables con el aviso previo sobre las consecuencias del desacato. 

La iniciativa surgió a raíz de la consulta del 9-N y el PP no escondió que el objetivo era suspender a los responsables de aquella votación, empezando por Artur Mas. "La broma se ha acabado", sentenció el popular Xavier Garcia Albiol cuando se anunció la iniciativa.

La reforma se aprobó por tramitación de urgencia en el Congreso el otoño del 2015 en medio de un áspero debate durante el cual el PSOE aseguró que si llegaba al Gobierno derogaría el nuevo texto. El portavoz socialista, Antonio Hernando, tildó esta medida de peligrosa e innecesaria y acusó al PP de buscar con iniciativas anticatalanas rentas electorales en el resto de España. Una vez aprobada la reforma en el Senado con sólo los votos del PP, fue impugnada por el gobierno vasco y el catalán, y finalmente ratificada, curiosamente, por el propio TC.

Forcadell, la primera

La primera vez que se puso en práctica el incidente de ejecución de sentencia tal y como se plantea en la renovada ley del TC fue cuando el gobierno de Mariano Rajoy actuó contra la Mesa presidida por Carme Forcadell a raíz de la aprobación en el pleno de la creación de la comisión parlamentaría de Estudi del Procés Constituent. Entonces se argumentó que la creación de esta comisión incumplía la suspensión decretada por el TC de la declaración del 9-N aprobada en el Parlament en noviembre del 2015 y donde se preveía la creación de esta comisión. Los miembros de la Mesa recibieron su requerimiento personal.

El Gobierno de Mariano Rajoy instó un nuevo incidente de ejecución unos meses más tarde cuando el Parlament ratificó el informe y las conclusiones de la comisión de Estudi del Procés Constituent. Era la segunda vez que se usaba. Los requerimientos que ha anunciado esta mañana Sánchez serán, sin embargo, los primeros impulsados por un gobierno socialista.