Se ha retrasado más de lo previsto. Primero, por el revés del CGPJ, que manoseó la norma y polemizó sobre la apología del franquismo. Después, por la crisis de gobierno, porque el proyecto lo coordinaba la exvicepresidenta Carmen Calvo y ahora ha recaído en Félix Bolaños, nuevo ministro de la Presidencia. Pero finalmente es una realidad: el Consejo de Ministros de este martes ha dado luz verde a la nueva ley de memoria democrática, que entre otras cosas tendría que permitir la disolución de la Fundación Francisco Franco, la resignificación del Valle de los Caídos, el impulso de las exhumaciones o la creación de una fiscalía de sala para la investigación de violaciones de derechos humanos. Ahora será enviada para su tramitación al Congreso y el Senado, catorce años después de la primera ley de memoria histórica del gobierno Zapatero. Eso sí, los grupos que la tendrían que aprobar la ven insuficiente, empezando por los independentistas.

Ahora hace justo un par de meses, el Consejo General del Poder Judicial, el máximo órgano de gobierno de los jueces, destrozó la nueva ley de memoria democrática en su informe. El órgano de gobierno de los jueces concluyó que no se podía cerrar la Fundación a Francisco Franco simplemente por hacer apología del franquismo. Era, se desprendía del documento, "libertad de expresión" si no constituye un menosprecio o humillación de las víctimas". Ahora el Gobierno ha hecho unas pequeñas modificaciones, sin afectar al espíritu de la ley.

Así, la nueva ley de memoria democrática establece la extinción de las fundaciones, como el caso de la FNFF, que enaltezcan dirigentes de la dictadura y que lo hagan "con menosprecio" de las víctimas del golpe de estado del 36, la guerra civil o la dictadura franquista. Una vez leído el informe del CGPJ, se especifica que se considera apología del franquismo aquellos actos y discursos que "ensalcen el golpe de Estado y la dictadura o ensalcen a sus dirigentes, con menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas del golpe de estado, de la guerra o del franquismo". La ley mantiene, pues, la persecución de la apología del franquismo.

Otro aspecto troncal es la ampliación del concepto de víctima del franquismo. Incluirá también las "personas que sufrieron privaciones de libertad, detenciones arbitrarias, torturas o malos tratos como consecuencia de la guerra, la lucha sindical y actividades de oposición a la dictadura".

Se extinguirá la Fundación Nacional Francisco Franco y también la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Vaídos. Se hace derogando el decreto de 1957 que otorgaba a esta entidad la administración del lugar así como el convenio entre la fundación y la Abadía Benedictina de Silos. Con la nueva ley de memoria democrática, el Valle de los Caídos, ya sin el dictador enterrado, será "resignificado". Habrá que aprobar un nuevo decreto que establezca la organización, funcionamiento y régimen patrimonial del complejo, que se tendrá que negociar con la Iglesia. En este intérvalo, será gestionado por Patrimonio Nacional. No se sabe qué pasará con la cruz gigantesca que corona el Valle de los Caídos --se elaborará un proyecto más adelante--, pero sí que José Antonio Primo de Rivera también será exhumado del lugar preeminente que tiene en la basílica. Los monges deberán hacer las maletas.

Por otra parte, y recogiendo las sugerencias del Consejo Fiscal, la nueva norma incluye una modificación del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para crear una nueva figura de fiscal de sala encargada de investigar violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario entre los años 1936 y 1978. Las entidades pedían que cubrirera tota la Transición. Entre sus funciones estará la búsqueda de víctimas, en coordinación con otras administraciones competentes. En cualquier caso, la reparación será "histórica y moral", pero no habrá responsabilidad patrimonial del Estado ni indemnizaciones.

Otros aspectos recogidos por la ley. Se van a declarar ilegítimos todos los tribunales excepcionales y nulas todas las sentencias políticas de la guerra civil y la dictadura. El día 8 de mayo será el día de recuerdo de los exiliados y el 31 de octubre el día de todas las víctimas del golpe de estado la guerra civil y la dictadura. En palabras de Bolaños, "el Estado tendrá la responsabilidad de buscar a las personas desaparecidas" y por eso se creará un banco nacional de ADN para ayudar en esta búsqueda. También se incluirá la memoria democrática en el contenido curricular de ESO, Bachillerato y formación profesional. Y se van a retirar las distinciones y títulos otorgados por el dictador.

La nueva ley contempla un régimen sancionador, con multas que van desde los 200 euros para las faltas leves hasta los 250.000 euros para los comportamientos "muy graves". En este último apartado, Bolaños ha puesto el ejemplo de destrozar una fosa común. El ministro de la Presidencia ha remarcado que permitirá investigar los crímenes del franquismo, aunque hay dos topes: la prescripción de los delitos y la irretroactividad de la legislación.

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha defendido que había que mejorar la ley del 2007 después de las observaciones hechas por asociaciones memorialistas y organismos internacionales, como el relator de Naciones Unidas, para hacerla "homologable" a otros países europeos, como Alemania. Lo que hace la nueva norma, ha defendido, es "poner a las víctimas en el centro de la acción política". Se basa en cuatro principios: "Verdad, justicia, reparación y deber de memoria".

Insuficiente para independentistas

A pesar de todo, los grupos que tendrían que dar apoyo en el Congreso de los Diputados ya han expresado su disconformidad. Es el caso de ERC, que a día de hoy no garantiza que la apruebe en tramitación parlamentaria. El portavoz republicano Gabriel Rufián ha denunciado que la nueva norma "se queda corta" y que no restaura derechos: "No basta con levantar fosas, hay que devolver el patrimonio moral y económico a las familias republicanas represaliadas por el franquismo". En la misma línea, el cupero Albert Botran ha dicho que es "muy insuficiente" y que queda "muy por debajo" de la suyas expectativas con respecto a la "construcción de una memoria antifascista y democrática". Míriam Nogueras, portavoz de Junts, ha criticado que "el franquismo continúa institucionalizado en el Estado y mientras seguimos formando parte del Estado Español y dándole estabilidad, nos lo harán (y quitarán) todo". Y ha añadido: "O reparamos el Estado español o construimos el Estado catalán".

El ministro Bolaños se ha mostrado "abierto a mejorar la ley" en la tramitación parlamentaria, si los grupos deciden presentar aportaciones que consigan un consenso mayor. "Es una ley que tendría que contar con la unanimidad del Congreso; nadie debería estar en contra", ha asegurado mirando hacia la bancada de la derecha.

El PP y Vox, en contra

Era de esperar la oposición furibunda de la extrema derecha de Vox. Algunos de sus dirigentes han reivindicado en el pasado el golpe de estado del 18 de julio. También Santiago Abascal ha asegurado en varias ocasiones que el gobierno de Sánchez es "el peor en 80 años", incluyendo los de la dictadura. Y este lunes, el portavoz del Comité de Acción Política de la formación ultra, Jorge Buxadé, avisaba de que rechazarían "cualquier tipo de verdad oficial". Buxadé denunciaba que "ningún Parlamento ni ningún Gobierno tiene derecho a decir de forma coactiva o totalitaria lo que es verdad o lo que es mentira".

Pero Pablo Casado también sigue en la misma dinámica dialéctica que la extrema derecha. Ayer el jefe de la oposición y líder estatal del PP insistía en que derogaría la nueva ley de memoria democrática si llegaba al gobierno y la sustituiría por una "ley de concordia". En el mismo acto, ante el silencio de Casado, el exministro de UCD y exvicepresidente de Vox, Ignacio Camuñas, proclamaba que "en 1936 no hubo un golpe de Estado". Y remachaba el clavo: "La República fue la responsable de la Guerra Civil".

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