Rubio Llorente elaboró un informe sobre la reforma constitucional durante el gobierno de Zapatero / EFE

Francisco Rubio Llorente, fallecido hoy a los 85 años a causa de un infarto, era un convencido defensor de la reforma constitucional. Consideraba que si la Constitución no se reforma, es objeto "de las interpretaciones más rebuscadas y se aparta cada vez más de su espíritu originario" y en consecuencia "pierde autoridad".

Referéndum "inaplazable"

A Rubio Llorente (Berlanga, Badajoz, 1930) se le considera el inventor de las reglas de juego de las principales instituciones de gobierno del Estado. Elaboró el funcionamiento del Congreso, los reglamentos, los órdenes del día para una institución que aglutinaba, según llegó a afirmar, "350 diputados llenos de entusiasmo y buena voluntad, pero que, en su mayoría, no había visto un parlamento a su vida".

Secretario del Congreso de los Diputados durante la transición, vicepresidente del Tribunal Constitucional del 1989 a 1992 y presidente del Consejo de Estado del 2004 a 2012, fue uno de los primeros constitucionalistas en afirmar, pocas semanas después de la primera manifestación multitudinaria a favor de la independencia de Catalunya en 2012, que era "urgente" e "inaplazable" "verificar la solidez y el contenido de estas aspiraciones [de los catalanes] y por eso no hay otro camino que el del referéndum". Y añadía que "muchos pensamos que se tendría que haber hecho aunque la Generalitat no lo hubiera pedido".

Verano de 2015

Su nombre volvió a sonar en una rueda de prensa que concedió Mariano Rajoy el verano pasado. El presidente del Gobierno acababa de reunirse con el rey Felipe VI en Palma de Mallorca, y se abría, por primera vez, a hablar de reforma constitucional. Como punto de partida tomaba el informe que hizo Rubio Llorente en 2006 por encargo del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

El encargo de Zapatero

Este informe pretendía abordar cuatro ejes que Zapatero llevaba en su programa electoral del 2004 –la supresión de la preferencia del hombre en la sucesión al trono, la referencia al proceso de construcción europea dentro del texto constitucional, la inclusión de la denominación de las comunidades autónomas y la reforma del Senado– y que necesitaban obligadamente el apoyo del PP –de ahí que no planteara la supresión de la monarquía, sino su continuidad adaptándola a los nuevos tiempos–.

Constitución y Estatut

El PP no se oponía, en principio, a ninguno de los puntos que proponía el PSOE. Pero a medida que fue evolucionando, en paralelo, el debate estatutario en Catalunya –la otra propuesta estrella de Zapatero– con los socialistas catalanes, los populares se fueron volviendo más hostiles a la idea.

El texto estatutario que se estaba debatiendo en el Parlament desbordaba, según el PP, la Constitución del 1978, y temían que la reforma que proponía el PSOE diera cobertura a derechos históricos diferenciales para Catalunya de acuerdo con el Estatuto que estaba naciendo. "Si no se tiene en cuenta al PP para reformar el Estatuto de Catalunya, tampoco estaremos para cambiar la Constitución", dijo Rajoy en agosto de 2005, remarcando que el PP afrontaría las reformas de los estatutos de autonomía y de la Carta Magna en un paquete conjunto.

Pero el Estatuto se aprobó en el Parlament de Catalunya el 30 de septiembre del mismo año y el 2 de noviembre se inició en la Cámara baja el debate para la toma en consideración de la ley orgánica que lo tenía que aprobar, a cargo de la delegación catalana encabezada por Manuela de Madre, Josep-Lluís Carod-Rovira y Artur Mas. El mismo día, el PP presentaba un recurso en el Tribunal Constitucional.

Rubio Llorente, Aznar y Rajoy

Aquel mismo mes de noviembre del 2005, Rubio Llorente citó a Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría y Federico Trillo para acercar posiciones sobre la reforma constitucional. Los populares aclararon que no se oponían a los cuatro puntos de reforma en los que estaba trabajando el Consejo de Estado, mientras se ampliara el margen para aprobar leyes orgánicas de reformas de Estatutos de Autonomía en el Congreso –de mayoría absoluta a dos tercios–, se excluyera la posibilidad de anexionar Navarra al País Vasco y se blindaran las competencias exclusivas del Estado.

Rubio Llorente lo tuvo en cuenta en la redacción del informe y, presionado por el debate estatutario en las Cortes, incluyó una apuesta por elaborar un listado de competencias estatales "indelegables" y recuperar el recurso previo de inconstitucionalidad en caso de desacuerdo entre Congreso y Senado para reformas estatutarias. El dictamen fue aprobado por los 28 miembros del Consejo de Estado, con tres votos particulares de Manuel Díez de Velasco, Luis Díez-Picazo y José María Aznar –sólo él votó en contra, partidario de no tocar el modelo territorial "sin necesidad" y de ampliar la mayoría necesaria en las Cortes para las reformas estatutarias, entre otros aspectos–.

El PP de Rajoy defendió debatir esta reforma constitucioanl antes de que se aprobara el Estatuto, y entonces fue Zapatero quien la frenó, dejando el informe del Consejo de Estado en papel mojado. El texto catalán fue aprobado en el Congreso el 30 de marzo del 2006 por mayoría simple sin el PP, un mes después de que saliera a la luz el documento de Rubio Llorente.

Condolencias por su muerte

Políticos y académicos han lamentado en la red la muerte de este constitucionalista progresista extremeño, especialmente en el entorno del PSOE. En general, han coincidido en considerarlo un hombre lúcido y abierto al diálogo.

Aquí se puede encontrar una de las lecciones sobre la Constitución que dio en el 2014 en la Universidad de La Rioja.

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