"Los catalanes no tenemos Rey". Así de contundente se ha mostrado este sábado el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ante la anunciada presencia del rey Felipe VI en los actos institucionales que se celebrarán el próximo 17 de agosto al cumplirse un año de los brutales atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils. La participación del jefe del Estado, que hizo pública al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, el viernes, ha indignado el independentismo y ha ensanchado la ruptura entre la monarquía y la Generalitat, ya oficializada en los Juegos de los Mediterráneo.

Como sucedió en aquel evento deportivo, Quim Torra participará en los actos oficiales del aniversario del 17-A aunque esté el Rey, pero el presidente ha querido recordar que el monarca no será bien recibido en Catalunya mientras no pida perdón por su discurso del 3 de octubre del 2017. En aquel mensaje, lejos de condenar la violencia policial desatada el domingo anterior contra los pacíficos participantes en el referéndum de autodeterminación, el monarca avaló de plano las medidas para "restablecer el orden constitucional en Catalunya".

Es lo que el independentismo denomina el discurso del "A por ellos" y, ciertamente, aquel mensaje real fue la antesala de la brutal ofensiva del Estado que llevó a la suspensión de la autonomía mediante el 155 y el encarcelamiento y exilio del grueso del gobierno de Carles Puigdemont y Oriol Junqueras a raíz de la declaración de independencia del 27 de octubre.

El unionismo pretendió convertir el 1-O y el mismo 3 de octubre, cuando centenares de miles de personas protestaron en las calles contra la represión policial, en una especie de 23-F de Felipe VI, a imitación de lo que había supuesto para su padre, Joan Carles I, el golpe de estado del teniente coronel Antonio Tejero en 1981. Ha sido un torpe intento de equiparar la revuelta democrática catalana a un golpe de estado fascista que se ha traducido judicialmente en las durísimas acusaciones de rebelión del juez Pablo Llarena contra los líderes del procés encarcelados o exiliados. La respuesta política y social ha sido un rechazo a la figura del Rey casi sin precedentes en Catalunya.

El independentismo ya se puso en guardia contra Felipe VI y los líderes políticos estatales en la manifestación que bajo el lema "No tinc por" recorrió el passeig de Gràcia de Barcelona el 26 de agosto. La marcha la encabezaban el Rey -un hecho casi inédito-, el entonces presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, y el de la Generalitat, el hoy exiliado Carles Puigdemont. El independentismo llevó esteladas de manera preventiva, ante el temor que el unionismo aprovechara el acto para hacer una demostración de fuerza a pocas semanas de que el procés encarrilara el tramo decisivo.

Crecimiento exponencial del malestar

Aquel malestar ha crecido exponencialmente un año después, en unos momentos de descrédito creciente de la monarquía. Los escándalos que asedian a Juan Carlos I, el rey emérito, el último de los cuales las grabaciones de Corinna zu Sayn-Wittgenstein o el encarcelamiento de Iñaki Urdangarin, por el asunto Nóos, han dificultad a Felipe VI la promesa de poner en marcha "una monarquía renovada para un tiempo nuevo" que formuló al acceder al trono el 19 de junio de 2014, después de la abdicación de su padre.

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El conseller Joaquim Forn y el major Josep Lluís Trapero en una rueda de prensa sobre el operativo de los atentados del 17-A

Pero el 17-A ha alejado todavía más a la monarquía española de una amplia mayoría en Catalunya por el hecho de que los máximos responsables de la brillante operación de los Mossos d'Esquadra que permitió en un tiempo récord neutralizar el comando terrorista autor de los atentados de la Rambla hoy se hallan uno en prisión y el otro procesado: el conseller de Interior, Joaquim Forn, y el major de los Mossos, Josep-Lluís Trapero. La eficiencia de aquel operativo permitió al gobierno de Catalunya gestionar sin casi ayuda externa la peor crisis de seguridad que se ha vivido en el Estado español desde los atentados de Atocha. La Generalitat actuó aquel día como un auténtico Estado a ojos del mundo.

La autoinvitación del monarca al aniversario del 17-A -el Ayuntamiento de Barcelona, organizador de los actos de homenaje, no le ha invitado, ni tampoco la Generalitat, que colabora en ellos- no ha servido, pues, para mejorar el clima con la Generalitat, sino todo el contrario.

A diferencia de lo que ha sucedido con el gobierno de Pedro Sánchez, el inicio del "deshielo" entre el gobierno catalán y la monarquía se presenta en estos momentos como una quimera. El nivel de indignación que se expresa en la red, que cada día se convierte en un termómetro más fiel del estado de ánimo de la calle, no permite pensar en un escenario diferente. Hay quien incluso ha recordado que las instituciones españolas como tales todavía tienen que organizar un homenaje a las víctimas de los atentados del 17-A.

Tampoco ayudan las dudas -no aclaradas- sobre la relación entre el imán de Ripoll, que reclutó a los miembros del comando terrorista, y los servicios secretos españoles, de los cuales fue confidente. Esta es una sombra siniestra que persigue el Estado español y a sus servicios de seguridad, un año después de aquella barbarie, y, por extensión, a su máximo representante.

Foto principal: Felipe VI y el presidente Puigdemont en la manifestación de repulsa por los atentados de Barcelona y Cambrils