El comité de Derechos Humanos de la ONU da la razón al juez Baltasar Garzón: ha concluido que el Tribunal Supremo vulneró su presunción de inocencia, a la vez que se saltó las preceptivas garantías de un proceso judicial cuando lo condenó a once años de inhabilitación en el 2012 por intervenir los teléfonos a abogados de los principales acusados del caso Gürtel, un caso que instruía el magistrado desde la Audiencia Nacional.

Un nuevo revés al estado español, ya que el organismo de Naciones Unidas ha pedido una "reparación integral" a Garzón, que borre sus antecedentes penales y le proporcione "una compensación adecuada por el daño sufrido". Entonces, España tiene seis meses para "garantizar una reparación efectiva" al juez por los derechos lesionados, según el dictamen al cual ha tenido acceso elDiario.es.

Un proceso judicial arbitrario

La resolución ha dado por hecho que el proceso judicial que acabó con la carrera de Garzón fue "arbitrario", de la misma manera que no garantizó la imparcialidad de varios magistrados que participaron en la sentencia condenatoria y ha criticado que fuera privado de una segunda instancia ante la cual poder recurrir su inhabilitación.

De esta manera, la ONU ha concluido después de seis años un expediente que empezó con una denuncia presentada por el mismo Garzón. En esta denuncia el juez afirmaba que había sido víctima "de persecución y de represalias" como respuesta a las investigaciones que dirigía sobre el caso Gürtel y los crímenes del franquismo.

Sin presunción de inocencia

Concretamente, el exmagistrado afirmaba que los casos en los cuales se lo acusó de prevaricación (la instrucción de Gürtel y de los crímenes de la dictadura) fueron "arbitrarios y abusivos". De hecho, aseguraba que los tribunales que lo juzgaron no tuvieron suficiente "imparcialidad y violaron su presunción de inocencia". Con todo eso, Garzón fue únicamente condenado por intervenir los teléfonos de los abogados de la Gürtel.

En su resolución, la ONU ha recordado que la decisión de pinchar los teléfonos se adoptó a petición de la policía y que contó con el apoyo de la Fiscalía, a la vez que fue prorrogada por el juez que sustituyó a Garzón.

No era un tribunal independiente

"Aun en el supuesto de haber sido errónea, según ha señalado el Estado, no constituyó una conducta o incompetencia grave que pudiera justificar su condena penal resultando en la pérdida definitiva de su cargo, sino más bien una posible interpretación de las disposiciones legales aplicables", añade el escrito.

El organismo de las Naciones Unidas también se coloca del lado de Garzón sobre la falta de imparcialidad de algunos jueces que lo condenaron. "El Comité no puede concluir que el autor tuvo acceso a un tribunal independiente e imparcial en los procesos seguidos en su contra en el marco de los casos Franquisme y Gürtel, que finalmente resultó en su condena penal y en la consiguiente pérdida definitiva de su cargo. En consecuencia, el Comité considera que se violaron los derechos del autor basados en el artículo 14, párrafo 1 del Pacto internacional de derechos civiles y políticos de la ONU: lo que apela a la presunción de inocencia", concluye.

 

Imagen principal: El juez Baltasar Garzón / Archivo