En los poco más de cuatro años que hace que Ada Colau es alcaldesa, ha visto desfilar ya tres presidentes de la Generalitat: Artur Mas, Carles Puigdemont y Quim Torra. Ahora que ha sido reelegida ha vuelto al Palau de la Generalitat para entrevistarse con el actual president. Sobre la mesa, asuntos clave que requieren de la coordinación de ambas instituciones como son la emergencia climática o la gestión en materia de seguridad o vivienda. Colau ha reclamado a Torra que recupere la inversión en servicios públicos básicos de la ciudad que ha cifrado en 280 millones. Pero sin duda, de la cita sale una noticia que destaca por encima del resto: la predisposición a ambos lados de negociar los presupuestos.
"He venido con el ánimo más constructivo posible", ha explicado la alcaldesa al salir de la reunión. Y es arraigándose en este espíritu que ha señalado la necesidad de negociar mutuamente unos "presupuestos de mínimos", porque "la ciudadanía está harta de que las instituciones funcionen a medio gas". Lo cierto es que tanto Torra como Colau coinciden en la incapacidad de sus respectivos gobiernos de aprobar presupuestos.
En los cuatro años de mandato, Colau sólo consiguió sacar adelante por la vía ordinaria los primeros, ya hace tres años. En el caso del ejecutivo Torra-Aragonès, funciona con cuentas prorrogadas desde 2017. En su encuentro han coincidido en la urgencia en "hacer lo posible para salir de esta situación y empezar conversaciones serias tanto en el Ayuntamiento como a la Generalitat". Una predisposición y un "tono constructivo" que ha confirmado también el conseller Damià Calvet, que ha sido el encargado de antender a los medios para explicar el resultado del encuentro. Serán los respectivos grupos parlamentarios y municipales, JxCat, ERC y Comunes, los encargados de poner en marcha las negociaciones.
No ha sido la única coincidencia. También han acordado hacer un frente común para reclamar al Estado la deuda histórica en infraestructuras, poniendo especial énfasis en la falta de inversión en Cercanías, un elemento clave para poder combatir la contaminación. En este aspecto, el de la lucha contra la emergencia climática, ambas instituciones van de la mano.
Los desacuerdos: deuda y seguridad
Torra y Colau han acordado convocar la comisión mixta Generalitat-Ayuntamiento para reactivar la colaboración entre instituciones y la agenda compartida en aspectos claves como la educación, la sanidad, los servicios sociales o la vivienda. La alcaldesa ha aprovechado el encuentro para reclamar al president la "deuda social, la desinversión que la Generalitat ha ido haciendo en la ciudad desde 2011 y que ha cifrado en 280 millones de euros. Así, por ejemplo, ha afirmado que "si la Generalitat aportara los mil pisos que le corresponden se acabaría abm la lista de emergencia habitacional", una situación que llevó hace unos días la PAH a ocupar el hall del Ayuntamiento de Barcelona.
En relación a esta deuda, la Generalitat apuntan a los años de crisis económica y a la desinversión del gobierno de España como los responsables.
Más allá del dinero, Colau ha reclamado más Mossos d'Esquadra para afrontar el problema de seguridad que vive Barcelona porque considera que con la ampliación de 322 agentes que ha anunciado el departamento de Interior no es suficiente. En este sentido ha sido muy crítica con el conseller Miquel Buch, que ha apuntado a un relajamiento del gobierno Colau en materia de seguridad como uno de los motivos que han desembocado en la situación actual. La alcaldesa ha afirmado que se han "sentido muy solos".
Sobre el dispositivo policial desplegado este lunes contra el top manta, Colau ha defendido que "se está recuperando el control del espacio público y eso se hace con más presencia policial". Ha explicado que "estos dispositivos policiales ya se habían hecho hasta que los Mossos decidieron retirarse".
Este martes, Torra y Colau se han encontrado en el Palau de la Generalitat. Es la segunda vez que ambos se reúnen, la última vez fue junio de 2018. Entonces, las políticas de vivienda fueron el principal motivo de divergencias, específicamente porque desde el Ayuntamiento se criticaba la falta de voluntad política por parte del Gobierno para afrontar los problemas relacionados con dicha materia.