La primera reacción del Gobierno ha llegado a escasos minutos de la decisión de Roger Torrent de aplazar el pleno de investidura de Carles Puigdemont. Según fuentes consultadas por El Nacional, en la Moncloa creen que la decisión de aplazar el pleno de investidura responde a las medidas jurídicas preventivas que adoptó el Tribunal Constitucional, a petición del Ejecutivo, donde supeditó que el cabeza de lista de Junts per Catalunya pudiese ser investido, en su presencia en el Parlament, tras ponerse a disposición judicial del juez Pablo Llarena del Tribunal Supremo.
"El Gobierno considera que el respeto a la legalidad y el aplazamiento del pleno en el que se iba a investir de manera fraudulenta a Puigdemont es la consecuencia obligada de la actuación del estado de derecho, tanto por la acción del Gobierno como de los tribunales", afirman las fuentes consultadas. "Gracias al recurso del Gobierno y a las cautelares dictadas por el TC se ha evitado que hoy se hubiera producido una burla a nuestra democracia", han añadido. "Los independentistas saben que están obligados a cumplir la ley como el resto de ciudadanos y este Gobierno seguirá defendiendo las instituciones", añaden.