Infectado por una carcoma de mordisco silencioso, el gobierno de Mariano Rajoy pasa por la más profunda crisis de la legislatura sin que la aluminosis de la corrupción acabe de derribar a la figura del presidente. Hasta tres ministros de su Ejecutivo se han visto indirectamente envueltos en las últimas horas en el marco de la Operación Lezo, y otros casos relativos al dinero público, una semana después de que el mismo Rajoy haya sido citado a declarar como testigo por la trama Gürtel, en una fisura que ha tocado también a medios y periodistas que son ideológicamente afines a la Moncloa.

"¿Piensan dimitir Zoido, Catalá, o los dos?", increpaba el senador de Ciudadanos, Tomás Marcos Arias, al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, este martes en el Senado. El titular de Interior defendía que su secretario de Estado, José Antonio Nieto, se había reunido con "luces y taquígrafos", y sin saber que era investigado por la Guardia Civil (UCO), con el hermano del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, el directivo de Mercasa Pablo González. El terremoto ha continuado el miércoles, cuando Zoido se ha justificado por una llamada que recibió de González tras su nombramiento como ministro, ya que fue de "mera cortesía", y se ha ofrecido a comparecer en el Congreso para explicarlo.

No una conversación de voz telefónica, pero sí un mensaje de texto golpea también los cimientos del ministerio de Justicia. El ministro Rafael Catalá reversionó el "Luis, sé fuerte" de Rajoy al extesorero del Partido Popular, con un SMS de apoyo a González, en noviembre de 2016. Catalá se esforzó en dejar claro que la frase "ojalá se acaben ya los líos" no aludía a temas judiciales del ya encarcelado, sino a la situación de ingobernabilida en España.

Si bien, el número uno del aparato judicial aprovechaba la ocasión para defender los intentos de ayudar a la "buena marcha de la investigación" del caso Lezo por parte del Ministerio Público. Catalá hacía referencia al escándalo sobre que el fiscal Anticorrupción Manuel Moix habría podido tratar de bloquear la investigación, por recomendar que unos hecho del año 2001 podían "enturbiar" la búsqueda policial. La cuestión es que Moix fue nombrado por el Fiscal General del Estado, José Manuel Maza –elegido por Catalá-, después de que su predecesora, Consuelo Madrigal, fuera apartada por negarse a designar a Moix.

Como la aluminosis se extiende por toda la casa, otro compañero de la mesa del Consejo de Ministros, el de Hacienda, Cristóbal Montoro, también se vio relacionado anecdóticamente este martes en una presunta trama de corrupción. Montoro dijo no tener "ni idea", de la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción a Equipo Económico, una consultora que él mismo fundó en abril del 2008. El motivo era la adjudicación presuntamente irregular en el 2012 de un contrato con las Cámaras de Comercio de Madrid. "Qué quiere que le explique", se desentendió sobre el estado de una sociedad que ya no es suya.

Descendiendo en la jerarquía del gobierno, incluso la Fiscalía Provincial ha denunciado a su delegada en Madrid, Concepción Dancausa, por "un delito societario del artículo 295 del Código Penal contra las arcas de Mercamadrid" cuando era concejala del gobierno de Ana Botella. Dancausa es la misma que intentó prohibir las esteladas en la final de la Copa del Rey.

Pero aquí nadie piensa dimitir, a diferencia de lo que pedía Marcos Arias al ministro, porque de "británica" –para rendir cuentas sin estar imputada–, sólo lo es la expresidenta de la comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Tras la bofetada de Aguirre a Rajoy, este ha dejado claro desde su viaje a Brasil y Uruguay que no cesará a sus dos ministros por unos asuntos que dice desconocer, y menos piensa hacerlo él. La única tentativa que ofreció fue ponerse a disposición del tribunal de la Gürtel, además de asistir a la comisión por la financiación irregular del PP, si lo pide el Congreso.

En el medio la plaga de la Operación Lezo, incluso un antiguo amigo y exjefe de gabinete de Rajoy también ha sido llamado por la justicia. El directivo de La Razón, Paco Marhuenda, fue desimputado finalmente por la audiencia nacional, así como el presidente del diario, Mauricio Casals, por haber coaccionado presuntamente a la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, para que no denunciara el saqueo de la empresa pública de agua Canal Isabel II. Investigado sigue, sin embargo, el presidente del consejo de administración de la empresa editora del diario, Santiago Barreno Sevillano.

Así las cosas, Rajoy mira tranquilamente hacia otralado, gracias también a su socio de investidura. Como explicaba El Nacional, Albert Rivera no está dispuesto a dejar caer al Ejecutivo, priorizando la estabilidad y el crecimiento económico, lo que le garantizará al PP el sí de la formación naranja en los Presupuestos Generales del Estado. Ya lo dice el dicho: "Los que duermen en el mismo colchón, se vuelven de la misma condición".