Constatado que la Generalitat no abandonará el referéndum, la Moncloa sólo apostará, de momento, por reuniones discretas y privadas con el ejecutivo catalán. "Reunirse para salir a bofetadas genera frustración" decía una personalidad de la máxima confianza del presidente español, Mariano Rajoy, tras la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. "No estamos en la Operación Acuerdo, sino en la Operación Diálogo" añadía un miembro del ejecutivo central, sobre si se preveía que ofrecer a su homólogo catalán, Carles Puigdemont, algo a cambio de dejar la hoja de ruta.

La cuestión es que Moncloa supedita una reunión pública a acuerdos que no sean el referéndum, aunque tampoco están dispuestos a un nuevo Estatut, ni a un pacto fiscal, según afirmó el gallego en una entrevista. Sí, a inversiones, financiación, infraestructuras, o presupuestos generales del Estado, como ofreció de nuevo Rajoy esta semana al president de la Generalitat. "El PDeCAT es la antigua CiU y tiene una tradición pactista con el Partido Popular y el PSOE" justificaba el portavoz del gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, durante la rueda de prensa, una vez el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, haya incluido a los catalanes en su ronda de contactos relativos a las cuentas públicas estatales. Pero "eso es ámbito de Montoro" dicen las fuentes sobre si el ministro espera tener éxito al respecto.

En Moncloa piensan que el encuentro será difícil de celebrar, ya que el Govern catalán no quiere abandonar la hoja de ruta, a la cual se comprometió en las elecciones del 27 de septiembre de 2015. Lo decía otra persona de confianza de Rajoy en los pasillos del Congreso este miércoles, que "quizás" el encuentro público se podría producir en el plazo de un mes, "si no fuera" porque es el punto de los 45 de la Generalitat por el cual no quieren acordar. 

De momento, los esfuerzos del Ejecutivo central están puestos en recuperar "la confianza" con la Generalitat, motivo por el cual no se descartan más encuentros secretos o reuniones, como los meses previos al 9-N, con el expresident Artur Mas. "A veces es mejor así, porque no está la presión mediática de tener que salir a explicar después nada" decía De Vigo, cuanto a más interlocuciones con el govern catalán. Si bien, el diálogo con las instituciones y la sociedad catalana seguirá porque este "no tiene fecha de caducidad". 

El argumento sobre que el referéndum "es ilegal" y no se producirá sigue siendo la posición del Estado. Pero sobre estar ya estudiando la aplicación del artículo 155, como decía el diario británico Financial Times, fuentes de su gabinete descreditan dicha información: "Sí, y también dijeron que pediríamos el rescate" a Bruselas. Eso pasa después de que se conociera la presunta operación para precintar colegios, hace unas semanas, y evitar así referéndum.

Lo que no cree el equipo del presidente español es que el diálogo territorial se vea perjudicado por la "judicialización" de la política. "Se tiene que ser contenido a la hora de leer las sentencias" decía el ministro portavoz de Moncloa sobre los titulares aparecidos en los diarios en cuanto al caso Nóos, Joan Josep Nuet, los ERE andaluces, o la destitución del fiscal de Murcia y la renovación de buena parte de la cúpula. 

Y preguntado por El Nacional sobre que el tercer secretario de la mesa del Parlamento, Joan Josep Nuet, haya quedado fuera de la querella de la Fiscalía Superior de Catalunya por delitos de prevaricación y desobediencia, según él, a causa de "discriminación ideológica", y después de que el Tribunal Constitucional advirtiese a los cinco –independentistas, y este, de Catalunya Sí Que es Pot– de no permitir votaciones sobre la hoja de ruta, De Vigo ha esquivado, contundente: "Este gobierno no opina de opiniones".