Mientras la posibilidad de un debate entre Carles Puigdemont y Mariano Rajoy en el Senado emergía el martes por la mañana como la última oportunidad de acercar a ambos dirigentes –y evitar un trágico desenlace– el gobierno quemaba las naves por la tarde en el Congreso advirtiendo a la Generalitat que una convocatoria electoral no paralizaría ya el artículo 155. La escalada de la Moncloa suponía un revés para Puigdemont, forzándole a rechazar la propuesta miércoles, un guante que el equipo de Rajoy recogía ávidamente ante la oportunidad de nutrir el relato de una intervención al autogobierno.

"Está claro que el señor Puigdemont no quiere dialogar" denunciaba el portavoz Íñigo Méndez de Vigo, después de que la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, notificara a los grupos que el president no comparecería el jueves por la tarde ante la cámara alta. De Vigo, si bien, se volvía con que era ya la tendencia del mandatario catalán: primero, cuando no asistió a la conferencia de presidentes autonómicos en enero; segundo, cuandofue invitado al Congreso en verano para buscar apoyos para el referéndum; y tercero, cuando no ofreció una respuesta binaria al requerimiento la semana anterior.

La negativa de Puigdemont ofrecía pues munición a la Moncloa para atribuirle una voluntad de no "desinstalarsede la desobediencia". Este era el mantra que habría motivado de fondo la aplicación del artículo 155, como también, el hecho de que según el ejecutivo, se hubiera "silenciado" a la oposición del Parlament los días 6 y 7 de septiembre con las leyes de desconexión. Por tanto, la intervención del autogobierno tenía números de mantenerse, tras observar que el Govern no acudiría al Senado, sino que se reunía para decidir si DUI o elecciones constituyentes.

Así las cosas, un miembro de la dirección del Partido Popular ponía sobre aviso entre bastidores de los peligros de la comparecencia de Puigdemont para el Ejecutivo. La fuente denunciaba que el senador Pedro Sanz se habría extralimitado, ya que parecía como si "dos Estados se fueran a enfrentar entre ellos", cuando no era así, sino que el catalán era llamado a hacer alegaciones y el Gobierno decidía si intervenir. Precisamente, será la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría quien comparezca en nombre de la Moncloa este jueves a las 17h en el Senado.

La comisión conjunta estará formada por 27 miembros: 15 representantes del grupo parlamentario Popular, 6 del grupo Socialista, 2 de Unidos Podemos y confluencias, uno único de ERC, el PNV y el PDeCAT, además de otro del grupo Mixto. Este órgano fijará posición en los turnos de intervención y elaborarán una propuesta a partir del plan del 155, que será remitido a Puigdemont para alegaciones. El pleno votará la decisión de la comisión, que tiene que ser aprobada por mayoría absoluta el viernes 27 de octubre y entrará en vigor a través del Consejo de Ministros.

El hecho es que la estrategia de coordinación entre PP y PSOE para el 155 podría saltar por los aires, después del anuncio del equipo de Rajoy sobre que no era suficiente con la convocatoria de elecciones por parte de Puigdemont para dejar en jaque la medida. Los socialistas mantienen que unos comicios sí supondrían volver a la legalidad, como así lo habrían pactado con el Gobierno. Ahí fuentes de Ciudadanos argumentan las "dificultades" para unos comicios "neutrales y con seguridad" convocados por el Govern –aunque no descartan las tesis de Ferraz.

Si bien, el presidente deberá elegir si mantener la unidad de los constitucionalistas hasta el final, o hacerla saltar por los aires, tras el último 'no' de Puigdemont, con la mirada puesta en el Palau de la Generalitat y el Parlament, en paralelo al Senado.