Conforme el anuncio de la fecha del referéndum se acerca y el Gobierno protagoniza una escalada verbal sin precedentes para impedirlo, en Catalunya y Madrid crece el fantasma sobre la posibilidad de que el Estado tire de los mecanismos coercitivos previstos en la Constitución, una vez fracasada la presunta Operación Diálogo con la Generalitat. Precisamente, es la pregunta que el president Carles Puigdemont hizo al ejecutivo central durante una sesión en el Parlament esta semana, y que ha tenido una respuesta ambigua pero contundente por parte del portavoz de la Moncloa.

"La fuerza del estado de derecho, que es el que legitima la acción del gobierno y es la garantía última de los derechos y libertades de todos los españoles", respondía Íñigo Méndez de Vigo a la petición de Puigdemont sobre si el Estado estaba dispuesto a "utilizar la fuerza contra Catalunya". De Vigo, sin embargo, insiste en no adelantar escenarios de futuro, pues su pantalla sigue siendo la oferta de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría sobre asistir al Congreso para debatir "en la sede de la soberanía nacional" el referéndum. "Insistimos en esta invitación", ha remachado el portavoz.

El hecho es que en la Moncloa esperan que se imponga "el sentido común" y se debata "en el lugar correcto". Por lo tanto, descartan por ahora más encuentros –secretos o no– entre Puigdemont y Mariano Rajoy, como afirmaban fuentes de vicepresidencia próximas a Santamaría este lunes con un "ahora todo transcurrirá en el terreno de lo público". Así las cosas, negativa del Govern catalán a asistir al Congreso sin pacto previo por el referéndum también es rechazada por el equipo de Rajoy. "El gobierno no puede pactar sobre aquello de lo que no tiene competencias", insistía De Vigo.

Si bien, el representante del ejecutivo asegura que la fecha del referéndum no hará "caducar" la oferta de diálogo, pero la Moncloa ya apunta hacia dos flancos que se insinúan clave para hacerlo fracasar el día R, o con anterioridad: la ciudadanía y los funcionarios.

Sobre los primeros, De Vigo ha instado a la sociedad catalana a hacer presión a Puigdemont para que se avenga a la vía del diálogo sin derecho a decidir. "Es un argumento jurídico, pero también es un argumento político, del compromiso de todos los demócratas con el orden constitucional y la unidad de su país", ha dicho. Más tarde ha añadido que "la gente" también quería que se impusiera "el sentido común".

Pero sobre qué forma se podría condicionar a los funcionarios para que no faciliten el referéndum, el portavoz ha resultado más ambiguo. Preguntado por El Nacional, ha hecho un llamamiento a los trabajadores públicos a actuar "según como dice la ley y de acuerdo con lo que dice la ley". Es decir, conforme a la sentencia del 9-N, que fuentes de la Moncloa ven como un precedente donde se avisa sobre que fue delito participar de aquella consulta –como creen que se aplicaría en el presente caso.

Sin embargo, cuanto a los Mossos d'Esquadra, el portavoz no ha querido aclarar si la ley de Seguridad Nacional permite al Estado tomar su control. "No haré escenarios futuros", ha respondido a este diario. La cuestión es que el Partido Popular, PSOE y Ciudadanos, rechazaron este jueves en el Congreso derogar dicha ley, que desde su impulsión fue interpretada como una forma encubierta de tomar el control de la policía autonómica "para la defensa de España", tal como denunció el defensor de la proposición, el senador de ERC, Bernat Picornell.