En medio del rechazo del PNV a aprobar las cuentas de Mariano Rajoy por la vigencia del 155 en Catalunya, el Gobierno ha hecho un gesto de presión al lehendakari Iñigo Urkullu, bajo la idea de impugnar la ley de presupuestos vasca del 2018, que prevé el incremento salarial de un 1,5% a los funcionarios. El portavoz vasco Josu Erkoreka lo tildó de "amenaza", asegurando que el Ejecutivo le había comunicado la intención de recurso. Fuentes del Gobierno negaron después que este vaya a ser inmediato –tienen un plazo de seis meses– pues ahora sólo van a trasladar el caso a la Comisión Bilateral, órgano para debatir esas "discrepancias".

El aviso del Ejecutivo llega, si bien, después de que este martes se haya aprobado por Consejo de Ministros extraordinario el proyecto de presupuestos generales del Estado del 2018. Hasta la fecha, este sólo cuenta con el apoyo explícito de Ciudadanos, una vez Albert Rivera y Rajoy cerraron un acuerdo para la rebaja fiscal al IRPF, la inclusión del complemento salarial para jóvenes con contrato de formación, y después de que la senadora popular Pilar Barreiro, investigada por el Tribunal Supremo en el caso Púnica, pasara al grupo mixto, ante la presión de Cs –debido al pacto Anticorrupción con el PP.

Por eso, el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro se ha mostrado consciente de que no tiene los votos favorables y ha abogado públicamente por el apoyo de las mismas formaciones que en 2017: Cs, el PNV, Coalición Canaria y Nuevas Canarias. Los apoyos más difíciles son los de los nacionalistas vascos, que ponen como condición de que se levante la intervención de la Generalitat. Se ha ratificado en un comunicado, incluso, el portavoz en el Congreso Aitor Esteban, mientras la rueda de prensa en Moncloa estaba en marcha, avisando de que no "legitimarían" el 155 porque suponía poner en riesgo "al autogobierno vasco".

Montoro ha desvinculado el eventual recurso de los PGE, pese a que ha avisado a la formación jeltzale sobre que "tendrán que ser ellos los que expliquen" por qué no dan apoyo a unos presupuestos que son "buenos para todos, y malos para nadie", según el portavoz Íñigo Méndez de Vigo. Aquí la expectativa de fuentes de Hacienda es que las cuentas saldrán adelante, un optimismo que se podría basar en el hecho de que buena parte de los presupuestos del 2017 contemplaban para el País Vasco una serie de infraestructuras plurianuales, como obras del AVE; también, la posibilidad de que el horizonte de la política catalana se aclare en breve.

Al respecto, Montoro se ha dado un mes hasta el debate de enmiendas a la totalidad –donde ya serían necesarios los votos del PNV–, tras presentar el próximo 3 abril el proyecto de PGE ante el Congreso. "Entendemos que tenemos tiempo para contar con los apoyos, un mes largo para la mayor normalización de nuestro país", ha indicado, en alusión a la formación de Govern. En caso contrario, la posibilidad de presionar el gobierno vasco llevándolo al TC se podría materializar, pues el ejecutivo autonómico no podría subir el sueldo a sus funcionarios, sin los PGE del 2018 por "extralimitación competencial", según Erkorea.