Después de que Mariano Rajoy prometiera esta semana en Catalunya un plan de inversiones en infraestructuras –entre ellas, el Corredor Mediterráneo– Moncloa ha movido ficha pidiendo al ministerio de Fomento de reforzar allí su infraestructura para la aplicación del Plan de Rodalies. Con esta táctica, Rajoy intenta recuperar la imagen del diálogo –situando ahora la pelota en el tejado de una Generalitat que avanza en la hoja de ruta– y aportar garantías presuntas de que esta vez sus palabras serán hechos, frente a la desconfianza de Palau, voces de la ciudadanía y algunos empresarios.

Lo ha expuesto veladamente la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. "El presidente nos ha hecho una demanda expresa para impulsar la coordinación con la Generalitat y reforzar la colaboración" ha dicho Santamaría. A su vez, la vicepresidenta recupera la bandera del "sentarse cuanto antes mejor" con el presidente Carles Puigdemont para garantizar un Rodalies "de calidad", como también afirmaba el martes. "Afecta sobre la vida de la gente y queremos que tengan el mejor servicio público, sobre todo en aquella gestión que es compartida entre ambos" indicó.

El ejecutivo central despliega la estrategia en un momento en que los puentes del diálogo parecían ya volados entre ejecutivos –al margen de las reuniones secretas, como la de enero con Puigdemont en Moncloa–. "Queremos entendernos, pero no para asuntos que no forman parte de la competencia de nadie", ha dicho Santamaría en alusión al referéndum. El hecho es que a Rajoy le preocupa la opinión de los ciudadanos, sobre todo por los costes electorales que de la fallida de la Operación Diálogo se puedan derivar. "Serán ellos quienes juzguen la actuación de cada uno", acostumbra a relatar el portavoz a Íñigo Méndez de Vigo cada viernes tras el Consejo de Ministros.

Por otra parte, la petición del gallego a Fomento llega como un mensaje velado a aquellos que, experiencia en mano, desconfían de las promesas de obras públicas. El ejemplo son los diversos miembros del empresariado catalán, los cuales mostraron sus dudas sobre el plan de inversiones se acabara aplicando en la totalidad. Algunos de ellos, como el presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu, incluso exigieron una "secuencia de gestos" para dar credibilidad a unas afirmaciones que veían "muy positivas", aunque "insuficientes" en dinero.

Desde la vertiente política, se sumó también el conseller de Territorio y Sostenibilidad, Josep Rull, cifrando en al menos 10.000 millones de euros los incumplimientos del Estado con la Generalitat. En consecuencia, el propio Puigdemont exigió una especie de "contrato" para confiar en la palabra del ejecutivo central. "De anuncios se han hecho muchos y todos se han incumplido. La única cosa que haría a este diferente es que tuviera una cláusula que permitiera comprobar que se cumple en tiempo y forma", advirtió. Pero al respecto, todavía Moncloa no se ha pronunciado.