El presidente del gobierno Mariano Rajoy recurrirá ante el Tribunal Constitucional la delegación del voto por parte de los diputados en Bruselas. Así lo ha expuesto a los periodistas en un encuentro informal en La Moncloa este lunes para celebrar el inicio del año. El ejecutivo considera que eso quedaría fuera del reglamento de la cámara, con independencia de que la mesa de edad decida interpretarlo en sentido contrario. Ahora bien, fuentes de la Moncloa explican que la circunstancia sería diferente en el caso de los presos Joaquim Forn, Oriol Junqueras y Jordi Sànchez, pues el juez Pablo Llarena sí autorizó la delegación en el auto. Por tanto, esta decisión no tendría tantos números de ser recurrida.

Ante ese escenario, fuentes de vicepresidencia consideran que el Parlament quedaría igualmente constituido –a pesar de la suspensión del TC. Explican que los acuerdos de la Mesa no quedarían suspendidos, sólo el voto de las personalidades que lo deleguen. Eso incapacitaría igualmente a los diputados en el exterior votar en la investidura telemática, ni de cualquier tipo. En ese caso, insisten en que la investidura a distancia también sería recurrida –como hace días viene anunciando Rajoy– porque es un acto "personalísimo" y no se podría hacer desde el extranjero. Eso prolongaría de forma automática el artículo 155 de la Constitución, que sólo decae una vez se haya nombrado y constituido formalmente el Govern.

"Puigdemont está muy falto de discurso, acabará por resquebrajar a su propio partido", dicen desde el Ejecutivo

En consecuencia, el plazo para la investidura empezaría a correr igualmente –aunque hubiera recursos de por medio. Esta tendría que ser el 31 de enero. La cuestión es que, aunque no se presentara ningún candidato, los plazos seguirían pasando y en dos meses se disolvería el Parlament. Aquí las fuentes consultadas ven difícil que haya un acuerdo entre ERC y PDeCAT, aunque critican las maniobras del president en funciones. "Puigdemont está muy falto de discurso", dicen desde el Ejecutivo. El clima, si bien, es que el gerundense se estaría quedando solo en la decisión de mantener el pulso con el Estado. "Está rompiendo su propio partido" esgrimen personas del entorno de Rajoy, en alusión al PDeCAT.

Así las cosas, en la Moncloa piden superar la fase del choque institucional. Se muestran partidarios de un candidato "limpio" en procesos judiciales, con quien relanzar la interlocución fluida. Evitan, si bien, no pronunciarse sobre los efectos negativos de mantener la intervención de la Generalitat. "Es un motivo de Estado, eso no va de si beneficia al Partido Popular", insisten sobre las consecuencias para la política española. Recuerdan ahí el precedente judicial y la posibilidad de que reinterpretaciones del reglamento para la investidura telemática comporten nuevas querellas. El posible tipo imputable sería el caso de la prevaricación –según fuentes del entorno judicial–, un escenario que Rajoy confía que se evitará.