La ministra de Administraciones Territoriales, Soraya Sáenz de Santamaría, busca resolver los conflictos territoriales del Estado ofreciendo dos reivindicaciones clásicas para las autonomías: financiación y conflictos en el Tribunal Constitucional. Las quejas se acumulan en el Congreso: el PNV quiere más autogobierno, los independentistas catalanes, el referéndum, y Podemos- En Comú Podem, que la plurinacionalidad sea constitucional. Santamaría lo ve, lo reconoce veladamente. Pero como abogada del Estado, recela sobre quienes quieren alterar la Constitución del tradicional café para todos para alcanzar más poder político, y antes, ofrece zanahoria a cambio de sumisión a la legalidad.

La vicepresidenta ha comparecido este jueves en la comisión constitucional en el Congreso, donde se ha deshecho en datos para justificar la descentralización del Estado. Ha recordado que la Moncloa gestiona el 42,3% del dinero, y las autonomías, el 53,4%. Así las cosas, ha recordado que esta tarde era el Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde de hecho, se ha comprometido a aumentar la financiación a las comunidades por medio del techo de gasto. Pero hay quien no se lo cree: "Usted no tiene credibilidad", le ha dicho el líder del PDECat, Francesc Homs, impugnando como inciertos los datos de la vicepresidenta.

Todo apunta en Madrid que la Moncloa quiere ahora abordar los 46 puntos reclamados por Puigdemont en abril. Pero Santamaría parece llegar tarde para resolver el conflicto con el independentismo en Catalunya, que ya no tiene bastante con dinero. "Entiendo que estamos al principio de la legislatura y en zona de tanteo, pero si alguien se piensa que la cuestión catalana es resoluble sin pasar por las urnas es que hace un mal diagnóstico", ha dicho Homs en la entrada de la comisión. Eso también va por la reyerta que tuvo lugar este miércoles al Congreso entre ambos.

Carta a Puigdemont

Por ese motivo, quiere que Puigdemont asista a la Conferencia de Presidentes Autonómicos. Este se niega a ir hasta que el Estado no satisfaga sus incumplimientos. Y de hecho, la número dos de Rajoy se ha comprometido a reformar este espacio de diálogo. "Queremos darle un nuevo enfoque. No puede ser una reunión ocasional con un magnífico protocolo y pocos resultados. Tiene que ser un órgano al máximo nivel, cada uno con el ejercicio de sus competencias. Del esfuerzo de todos elaborando las leyes que nos afectan, dependerá el resultado", ha añadido.

Así las cosas, Santamaría quiere lealtad institucional a su Gobierno. "Las Constituciones sirven para acoger a todo el mundo. Si hay consenso, acertaremos. Tenemos que tener prudencia y analizar nuestros acuerdos. Sin sectarismo", ha cerrado. La prueba para testar esa lealtad será la carta que en los próximos días el presidente Mariano Rajoy enviará para convocar a sus interlocutores para celebrar un encuentro operativo. Si Puigdemont no responde, o no quiere ir, el Estado notará los puentes rotos, si no es para abrirse al derecho a decidir, en un encuentro bilateral con la Generalitat.

El favor del PNV

Pasada la pantalla de los independentistas, que ya no le son aliados, Santamaría se esfuerza porque el PNV le ayude con los presupuestos. Por eso, la vicepresidenta se ha comprometido a potenciar la comisión bilateral donde reducir los conflictos ante el TC con las autonomías. Era un gesto que el líder jetzale, Aitor Esteban, le había pedido a Rajoy cuando el episodio del tractor y del grano. Eso sí, la ministra ha subrayado que es "una responsabilidad recíproca", si bien ha destacado que habrá "máxima disposición" por parte del Ejecutivo del Partido Popular para revisar los recursos pendientes y potenciar el diálogo.

Sin embargo, el PNV no tiene suficiente con resolver los conflictos y quieren más autogobierno. "Nos hemos convertido en meros gestores", ha denunciado Óscar Matute exhibiendo que quieren más poder político. Santamaría no está en desacuerdo, de hecho, la vicepresidenta exhibió su concordia durante la investidura en Gernika del lehendakari Íñigo Urkullu, el pasado fin de semana. El gobierno vasco va hacia un nuevo Estatuto de Gernika. El president Puigdemont también estaba allí, y este es el principal rasgo diferencial entre unos y otros en que la número dos del Gobierno no repara sus soluciones.

Recentralización

Los socialistas y los podemitas insisten en que el Ejecutivo no ofrece soluciones reales al encaje con Catalunya. El argumento es que el Estado de las autonomías está "agotado" y las políticas circunstanciales no apaciguan al soberanismo. Por ello, el portavoz del PSOE, Gregorio Cámara, acusó Santamaría de recentralización y defendió el federalismo. El líder de En Comú Podem, Xavier Domènech, le ha tirado al socialista el guante de que la reforma constitucional "no se debía demonizar", sino hacerla. Así, el referéndum sería posible y también la plurinacionalidad.

La vicepresidenta ha hablado de reforma constitucional, pero de otro tipo: la que PP y PSOE hicieron en 2011 por el techo de déficit. El líder catalán se ha indignado por la escasez de la respuesta y se ha vuelto que el Ejecutivo no profundizaba la oferta para atraer a los independentistas. Santamaría se ha vuelto, citando a Ortega y Gasset para denunciar que la respuesta de ERC y PDECat era marcharse y que no tenían "soberanía". Domènech ha aportado un dato histórico: la autonomía catalana a principios de siglo XIX.