Mariano Rajoy desembarcará este viernes en Barcelona en medio de un clima de máxima tensión institucional con la Generalitat, justo el día después de que se pusiera en marcha la campaña por el sí en Tarragona, simbolizando sin quererlo la campaña por el no a la realización y validez de un referéndum que sostiene "no se producirá". Por tanto, ello no será ningún acto publicitario, después de que el Tribunal Constitucional lo consideró "ilegal", sino una Junta Directiva estratégica con que tranquilizar al Partido Popular catalán, que según fuentes de la dirección popular exige "más firmeza" para impedir el 1 de octubre.
Rajoy asistirá acompañado de la secretaria general de la formación y ministra de Defensa, Maria Dolores de Cospedal, a un encuentro que huye de ser "una mesa en un despacho" según fuentes consultadas. La cita coincide con la aprobación en el Parlament de las leyes de desconexión la semana anterior, donde el PP denunció que Junts pel Sí había "atropellado" los derechos de la oposición. Un argumento que habría llevado a la comitiva popular a exhibir su apoyo al dirigente Xavier Garcia- Abiol, lejos del la escuela de verano antes prevista en Salou, y trasladar un mensaje de control de la situación desde Madrid.
Por ello, el jefe del Ejecutivo y líder de la formación pronunciará un discurso en abierto y cederá el protagonismo al mundo local. El PP quiere que esté su único alcalde, así como también los concejales de los ayuntamientos, a modo simbólico de estar al lado de los consistorios que reciben "presiones" por parte del president Carles Puigdemont para la puesta de urnas. El apoyo moral dentro del bloque unionista llegará en paralelo a las acciones de la Fiscalía de advertir a los ayuntamientos que si incumplen podrían ser investigados y citados a declarar, y detenidos si se resisten.
La dirección popular y la Moncloa aguardan con recelo cómo será el recibimiento de la ciudadanía catalana este viernes
La cuestión es que Rajoy empieza insinuar temor hacia la fuerza social del soberanismo y su capacidad de sobreponerse al envite judicial. El presidente afirmaba esta misma semana en los pasillos del Congreso que no toleraría "la ley de la selva", sino que la Constitución se haría cumplir con todos los resortes del Estado. Así y todo, el gallego obvió la fuerza del aparato legal por un momento pidiendo a los ciudadanos catalanes que si alguien era llamado a una mesa electoral, que no fuera. "El referéndum no se producirá, sería un acto ilegal", sentenciaba.
El hecho es que tanto la dirección popular como en la Moncloa hace días miran con recelo cómo será el recibimiento de la ciudadanía catalana este viernes. El lunes, el portavoz Pablo Casado no descartaba que el presidente sufriera algún tipo de escarnio. "La última vez que hemos visto cómo las gastan los de la CUP fue en la manifestación contra los atentados en la Rambla", respondía a la pregunta de El Nacional sobre si temían tensión en un viaje lleno de cambios en su organización –en un momento dado incluso se había estudiado hacer un monográfico sobre el procés de dos días de duración.
Si bien, estas palabras se circunscriben dentro del relato sutil que el PP hace días nutre sobre que en algún momento se producirá un brote de confrontación que podría alterar la convivencia civil. El mismo Casado afirmaba que los independentistas "incendiarían la calle" hasta el 1-O, denunciando como "provocación" la respuesta de los vecinos de Valls cuando la Guardia Civil registró El Vallenc –cantar canciones y darles claveles. Unas palabras que llegaban días antes del pistoletazo de salida a la campaña del sí y las identificaciones y confiscaciones policiales en algunos municipios catalanes.