Vox ha presentado una querella en el Tribunal Supremo contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al que acusa de presuntos delitos de obstrucción a la Justicia, represalias y prevaricación por la destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid, cuyo cese fue anulado por la Audiencia Nacional.
La formación que dirige Santiago Abascal también extiende su demanda contra el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, y la directora de la Guardia Civil, María Gámez, por los mismos tipos penales (artículos 464 y 404 del Código Penal).
En un comunicado, Vox también atribuye a los tres cargos de la cúpula de Interior la dimisión del director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, el general Laurentino Ceña, que renunció a su cargo un día después del cese de Pérez de los Cobos.
Ayer mismo esta formación demandó la dimisión del titular de Interior tras la restitución del coronel de la Benemérita en su antiguo cargo, al igual que también plantearon PP y Ciudadanos.
El cese fue "ilegal"
El Juzgado Central de lo Contencioso-administrativo 8 de la Audiencia Nacional consideró que la destitución de Pérez de los Cobos a finales de marzo del año pasado es "ilegal" y, por tanto, la deja sin efecto para restituirle al frente de la Comandancia del Instituto Armado en Madrid.
Tras analizar los hechos y las resoluciones adoptadas en el cese, el magistrado Celestino Salgado afirmó en su resolución que la "pérdida de confianza" alegada por Interior para cesarle vino motivada por no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil en el marco operativo y de Policía Judicial sobre la investigación judicial abierta al hasta ahora delegado del Gobierno en Madrid José Manuel Franco, en el conocido como caso '8M' por la autorización de concentraciones multitudinarias, entre ellas la marcha feminista del 8 de marzo, al inicio de la pandemia.
Tras ello y en su escrito dirigido al Supremo, la Vicesecretaría Jurídica de Vox, que dirige Marta Castro, recuerda que hace un año ya presentó una querella por estos mismos hechos y fue archivada "por no constituir delito ni aportar pruebas suficientes". Ahora y raíz de la sentencia de la Audiencia Nacional, Castro pone de relieve que existe prueba de que el cese del coronel de la Guardia Civil fue "inmotivado, arbitrario" y, además, tuvo relación directa con "la petición de realización una actividad abiertamente ilegal".