El magistrado Pablo Llarena será el ponente de la querella contra el Tribunal Constitucional y el gobierno de Rajoy que la Asociación Atenas impuso por haber impedido la investidura de Carles Puigdemont. La querella la presentó el pasado agosto esta entidad de juristas y, ahora, la Sala Segunda del Tribunal Supremo ha impuesto una fianza de 12.000 euros para admitirla.

La Asociación Atenas considera que la actuación llevada a cabo por los magistrados del TC y los miembros del anterior gobierno del estado español para impedir la investidura de Puigdemont después de las elecciones del 21-D es ilegal. Los juristas creen que se cometió un delito de prevaricación y de otro delito contra el ejercicio de los derechos civiles.

Además, consideran que "se elaboró un plan" para impedir la investidura del candidato "escogido democráticamente", cosa que vulnera el derecho que tienen los ciudadanos a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal.

 

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