A finales de junio, cuando todos los trámites se hayan acabado de arreglar, se presentará en el Tribunal Supremo una querella firmada por al menos 2.000 personas contra el magistrado Pablo Llarena por la vulneración de derechos de la ciudadanía catalana. En concreto, "por la vulneración del derecho de sufragio activo de los catalanes", según ha explicado una de las abogadas del colectivo QuerellantsxRepública que está organizando los trámites de la denuncia colectiva. Una denuncia que "la presenta el pueblo" porque no se han respetado los derechos de los votantes del 21 de diciembre, que, con la mayoría independentista en el Parlament de Catalunya, han visto imposible investir como president a Carles Puigdemont. "Llarena no ha dejado que el Parlament de Catalunya pudiera hacer efectivos estos resultados", dice la abogada, ni con la investidura de Puigdemont ni con los intentos de nombrar president a Jordi Sànchez, primero, y a Jordi Turull, después.

La querella colectiva está ya redactada, han participado varios abogados y colaboradores de diferentes ámbitos de la justicia y profesiones, desde procuradores hasta informáticos. Y es que para hacer posible la denuncia hay que validar el derecho al voto del 21 de diciembre y por eso también hace falta la complicidad de los notarios.

Querellants per la República prevén que la denuncia colectiva superará los 2.000 denunciantes viendo ahora toda la documentación de la que disponen.

Se abre así un nuevo frente judicial contra Pablo Llarena que se une a la demanda civil que el Govern en el exilio ha presentado ante la justicia belga y que ha provocado ya una primera citación para el 4 de septiembre. También existe la recusación en el Tribunal Supremo.

Los abogados que organizan esta nueva denuncia contra Llarena explican que no ha habido ningún tipo de coordinación, sino que más bien ha sido casualidad.

Ahora bien, no prevén que prospere. Ni tan sólo esperan que se admita a trámite y eso hará abrir una nueva vía, primero en el Tribunal Constitucional y en el caso que la rechace, que es el previsto, después presentarla al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos de Estrasburgo.

La iniciativa sale a partir de una entrevista en el FAQs de TV3 del catedrático de Derecho Penal Javier Pérez Royo que explica que cualquier persona puede querellarse contra el juez.

Aquella misma noche dos abogados abren ya un grupo de Telegram y empieza a tomar forma la denuncia colectiva. "Fue un movimiento espontáneo", explica el colectivo, que de momento ya tiene 2.000 querellantes.