El colectivo de juristas Drets ha presentado este lunes ante el Tribunal Supremo una querella contra el presidente del Tribunal Constitucional (TC), Juan José González Rivas, la vicepresidenta Encarna Roca, el expresidente Francisco Pérez de los Cobos, y los magistrados Andrés Ollero, Santiago Martínez-Veres, Pedro José González-Trevijano, Ricardo Enríquez y Antonio Narváez.

Los acusa de prevaricación por haber rechazado los recursos que el gobierno vasco y el catalán presentaron a la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, la cual otorga a su institución la potestad de suspender cargos que incumplan sus sentencias. La querella no se dirige contra los tres otros magistrados del TC que presentaron votos particulares contra la sentencia.

El presidente del colectivo, Sergi Blázquez, ha asegurado que los magistrados emitieron las dos sentencias inconstitucionales sabiendo que eran injustas y no se adecuaban a la Constitución.

A la querella, el colectivo Drets, recuerda que la reforma de la Ley Orgánica del TC otorga a esta institución la posibilidad de imponer multas y de suspender de sus funciones autoridades, trabajadores públicos o particulares que incumplan las resoluciones del tribunal; un hecho que "atenta contra el principio de inviolabilidad de los representantes políticos y contra el estatuto del trabajador público".

Además, según el colectivo, la reforma "atenta contra la legalidad española", porque otorga al TC la potestad de adoptar las medidas que considere convenientes "cuando concurran circunstancias de especial trascendencia constitucional" sin necesidad de escuchar las partes, y "sólo una vez tomada la decisión el afectado podrá decir su versión".

Según Drets, los magistrados del TC que dieron luz verde a la reforma incurrieron en un delito de prevaricación porque dictaron la sentencia sabiendo que era injusta y que no se adecuaba a la Constitución. "En realidad estamos ante una reforma de la Constitución encubierta porque según la Constitución el TC no forma parte del Poder Judicial y, por lo tanto, si se tiene que ejecutar sus decisiones tiene que pedir ayuda a los jueces y tribunales, tal como recoge la Constitución española".